La postura oficial de la UDI
La acusación constitucional contra Nicolás Grau, liderada por las bancadas de Republicanos y Libertarios, contará con el respaldo de la UDI en la Cámara de Diputados. Así lo confirmó el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, quien explicó que su bancada votará a favor del libelo el próximo lunes, aunque aclaró que decidieron no estampar su firma en el documento.
Según Alessandri, esta resolución se tomó tras un profundo análisis interno. «Queríamos revisar el texto, no es solo opinar sobre el momento político, sino que el texto estuviera bien fundamentado», señaló el parlamentario en conversación con Radio Infinita. El documento, que fue recibido por la UDI la noche del miércoles, les entregó las garantías necesarias sobre una supuesta vulneración constitucional, mencionando la existencia de cifras en las finanzas públicas que habrían sido «infladas, ocultadas o mal expuestas».
Razones estratégicas tras la decisión
El presidente de la Cámara detalló que la demora en fijar una postura respondió a la necesidad de coordinar el impacto político que tendría esta acción, especialmente en relación con la tramitación de la ley de reconstrucción. Alessandri admitió que existía la intención de agrupar a todo el sector cercano al oficialismo, pero al constatar que aquello «ya no ocurrió», la bancada optó por un camino propio.
«Creemos que el peor escenario es la división de los votos oficialistas en la Cámara», sentenció Alessandri. Bajo ese prisma, la UDI considera que el segundo peor escenario posible sería que la acusación no obtenga los votos necesarios para avanzar al Senado. Por ello, el diputado fue enfático: «Vamos a poner nuestros votos para evitar el primer peor escenario que es dividir el oficialismo. Y vamos a trabajar para que logre los votos».
Al ser consultado sobre el motivo específico por el cual no firmaron el documento, Alessandri fue directo: «Porque no fuimos incluidos en la decisión, en la coordinación». Esta postura se suma a la tensión política actual, marcada también por otros conflictos legislativos, como la reciente polémica de la alcaldesa de San Martín respecto a los gritos recibidos por José Antonio Kast, y las denuncias de Quiroz sobre deudas de hasta US$150 millones en el programa Becas Chile.
