El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al confirmar que su cartera se encuentra trabajando en la elaboración de un posible proyecto de ley relacionado con el levantamiento del secreto bancario. El anuncio fue realizado a la salida de la Comisión de Salud del Senado, instancia donde la autoridad enfatizó que cualquier modificación en esta materia debe respetar el principio de que la apertura de cuentas sea autorizada exclusivamente por la vía judicial.
La postura del Ejecutivo ante el secreto bancario
Respecto a la visión del Gobierno, Quiroz fue enfático al señalar:
Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no una decisión administrativa. Sin perjuicio de ello, les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda.
El secretario de Estado adelantó que ya inició un trabajo técnico interno, el cual será consultado con otros ministerios para definir si se presentará una iniciativa desde cero o si se integrará a la coyuntura legislativa actual.
Más tarde, tras su paso por la Comisión de Hacienda del Senado, la autoridad reafirmó su postura sobre la persecución de actividades ilegales:
Respecto de la persecución de las ilicitudes, actividades ilegales y cualquier supervisión que tenga que hacer la banca en esta materia, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio y pensamos que hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello.
Contexto político y seguridad
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario no es nuevo, ya que fue una exigencia clave durante la administración anterior para fortalecer la persecución del dinero vinculado al crimen organizado. En dicho marco, se buscaba ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) bajo tres supuestos específicos: operaciones reportadas por personas jurídicas, transacciones de funcionarios públicos o movimientos sospechosos alertados por las instituciones bancarias.
La urgencia por retomar esta discusión ha crecido tras la reciente detención de un ejecutivo del Banco Santander, quien presuntamente facilitó un esquema de lavado de activos para el Tren de Aragua en Chile, enviando fondos ilícitos al extranjero. Ante este escenario, bancadas de oposición han presionado para que se incorpore esta materia en el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario, presentado originalmente en 2023. Mientras el Gobierno define la vía legislativa, la discusión sigue abierta entre quienes exigen mayores herramientas para la inteligencia financiera y quienes advierten sobre los posibles impactos de una flexibilización excesiva en la privacidad bancaria.
