La Superintendencia de Educación dio un giro clave en su normativa al publicar el Dictamen N°78, documento que regula oficialmente el uso de pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales del país. Esta medida responde directamente a la reciente implementación de la Ley N°21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, cuya vigencia comienza este 1 de julio.
El nuevo pronunciamiento deja atrás el antiguo Dictamen N°65 de 2022, que prohibía explícitamente tanto la revisión de mochilas como la instalación de pórticos detectores de metales. Ahora, la autoridad reconoce que el escenario de seguridad escolar requiere de un marco actualizado que permita resguardar de mejor manera a todos los integrantes de la comunidad.
Condiciones para la instalación de dispositivos
¿Qué deben cumplir los colegios para instalar estos equipos? Según la normativa, la implementación de tecnologías de seguridad —como pórticos y otros detectores— no es automática. Para proceder, se exige el estricto cumplimiento de condiciones técnicas y sociales:
- Acuerdo previo de la comunidad educativa.
- Elaboración y visado de un protocolo interno detallado.
- Obtención de los informes técnicos y aprobaciones correspondientes de las autoridades competentes.
Sobre la revisión de mochilas y pertenencias, el documento es cauteloso: esta facultad requiere una habilitación legal expresa. Actualmente, dicha materia sigue a la espera de la promulgación por parte del Presidente de la República y su posterior publicación en el Diario Oficial.
Enfoque integral: más allá de la tecnología
El organismo enfatiza que la seguridad escolar no depende exclusivamente de aparatos electrónicos. La Ley N°21.809 pone especial énfasis en el desarrollo de estrategias preventivas y formativas, tales como los planes de gestión de la convivencia educativa, diseñados para incentivar el respeto y la resolución pacífica de conflictos.
Este dictamen entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de estudiantes, sino también los de docentes y de toda la comunidad educativa. Nuestro rol será, principalmente, acompañar y orientar en la correcta aplicación de estas medidas.
Así lo destacó la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola. Con este nuevo escenario, los sostenedores cuentan con una hoja de ruta clara para integrar seguridad y formación, mientras se aguarda la regulación final sobre el control de pertenencias personales en las aulas.
