La justicia chilena ha dado luz verde para investigar las acciones de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, tras la fallida adquisición de la ex clínica Sierra Bella. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por el municipio por el delito de fraude al fisco, apuntando contra la exjefa comunal y todos quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos detectados en dicho proceso administrativo.
Fundamentos tras la querella
La decisión judicial se sustenta en diversos antecedentes clave entregados por la actual administración municipal, liderada por el alcalde Mario Desbordes. Entre los elementos determinantes figura una resolución de la Contraloría General de la República, la cual acreditó que en la fallida compraventa existieron actos ilegales y una clara vulneración al principio de probidad, confirmando la responsabilidad administrativa de Hassler. El tribunal también validó la legitimación del municipio para actuar como querellante, al reconocer su rol como víctima directa del daño económico y su potestad para resguardar el patrimonio público.
Irregularidades y perjuicio patrimonial
Según el escrito judicial, la administración anterior habría comprometido recursos de salud de manera desleal. La querella detalla que el decreto de pago N°187 fue emitido de forma anticipada, careciendo de un decreto alcaldicio que lo autorizara. Asimismo, se expone que el decreto alcaldicio N° 810, que autorizaba el desembolso de $8.252.873.341 para la compra, fue suscrito por la exalcaldesa omitiendo deliberadamente el visto bueno de la Dirección de Control Municipal, trámite que es obligatorio para el examen de legalidad previo.
Además de estas omisiones, el documento denuncia que se otorgó un mandato especial irrevocable a favor del abogado privado de la parte vendedora, redactado en conjunto con exfuncionarios municipales. Hoy, el municipio enfrenta una deuda judicial ejecutiva superior a los nueve mil millones de pesos debido a intereses, cifra que triplica el valor real del inmueble y que actualmente se debate en tribunales civiles y la Corte de Apelaciones. A esto se suma el bloqueo de $2.475.862.002 en fondos estatales destinados originalmente a la atención primaria de salud, los cuales permanecen inmovilizados desde enero de 2023.
Ante este escenario, la municipalidad solicitó formalmente que los antecedentes sean derivados al Ministerio Público. El objetivo es que la Fiscalía inicie una investigación penal profunda, formalice y logre las penas máximas para los responsables, cerrando así un capítulo que mantiene en jaque las arcas municipales y el acceso a la salud pública de los vecinos de Santiago.
