El Gobierno busca nuevas herramientas contra el crimen organizado
El debate sobre el secreto bancario volvió a tomar protagonismo esta semana. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Ejecutivo trabaja intensamente en una nueva iniciativa legal para agilizar la persecución de actividades ilícitas mediante el acceso a información financiera.
Esta reaparición del tema en la agenda pública ocurre en un momento crítico tras la reciente Operación Tokyo. Este procedimiento policial, ejecutado el pasado martes, logró desarticular una peligrosa red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, la cual habría movilizado cerca de US$80 millones en nuestro país.
Garantías judiciales y objetivos estratégicos
Pese a que el secretario de Estado optó por no revelar detalles técnicos específicos sobre el articulado, enfatizó que cualquier mecanismo de fiscalización respetará los marcos legales actuales. «Reitero el principio fundamental: el levantamiento de secreto bancario es siempre con una orden judicial, siempre queda bajo el ámbito del Poder Judicial», afirmó el ministro.
Quiroz subrayó que la cartera que lidera ve este asunto como un pilar estratégico: «El Ministerio de Hacienda está empeñado en perseguir la ilicitud, es parte de nuestra tarea. No solo por motivos recaudatorios, sino en funcionamiento de la economía». Según el titular de Hacienda, el equipo ministerial ha analizado diversas opciones y concluyeron que «hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación».
El camino legislativo del proyecto
La propuesta busca fortalecer la Ley de Inteligencia Económica, un requerimiento que el presidente Gabriel Boric ya había planteado durante su última Cuenta Pública. Este anuncio es relevante, dado que la medida generó divisiones históricas incluso entre sectores que hoy integran la alianza de gobierno.
Sobre la forma en que se presentará la propuesta, Quiroz señaló que el Ejecutivo aún evalúa la estrategia técnica. «Estamos viendo si puede ser un proyecto aparte, algo que partamos de cero, o si podemos tal vez proponer algo en la coyuntura en que estamos», puntualizó. Lo único claro, por ahora, es la intención del Gobierno de no ceder en la potestad exclusiva del Poder Judicial para autorizar el conocimiento de información bancaria protegida.
