La Tesorería General de la República (TGR) ha puesto en marcha una ofensiva contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), iniciando formalmente el embargo de bienes raíces. Esta medida, que busca recuperar los recursos fiscales pendientes, ya ha sido aplicada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, con una expansión progresiva proyectada para todo el territorio nacional en los próximos días.
¿Qué ocurre si la deuda no se regulariza tras el embargo? La institución advirtió que el procedimiento legal puede escalar hasta el remate judicial del inmueble afectado, siempre bajo la normativa vigente. Desde la TGR señalaron que el plan forma parte de sus acciones de recuperación de activos, las cuales también incluyen la retención de instrumentos financieros asociados a los deudores morosos.
Situación financiera del CAE
El Gobierno ha intensificado las gestiones para frenar la morosidad en el sistema de financiamiento estudiantil. Durante la primera mitad de marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que la cartera impaga por concepto de CAE asciende a aproximadamente $4 billones. Bajo la postura de que el crédito no constituye un derecho social que permita el no pago, las autoridades han reafirmado la necesidad de estas acciones de cobranza.
Convenios flexibles para evitar el remate
Para aquellos contribuyentes que busquen evitar medidas extremas, la TGR ha dispuesto una serie de convenios flexibles ajustados al nivel de ingresos:
- Renta entre $1 y $2 millones: El pie corresponde al menor valor entre el 10% de la deuda o $1 millón, con cuotas mensuales fijadas en el 10% del sueldo.
- Renta entre $2 y $5 millones: El pie se calcula como el mínimo entre el 10% de la deuda o $1,5 millones, manteniendo cuotas equivalentes al 10% del ingreso.
En caso de producirse la caducidad de estos acuerdos por falta de pago, la Tesorería ofrece una segunda oportunidad aplicando 1,5 veces las condiciones iniciales. De haber una segunda caducidad, se otorgará una última chance con dos veces las exigencias originales; tras ello, no será posible suscribir un nuevo convenio. La proyección de estas acciones sugiere que la fiscalización se mantendrá estricta ante el alto volumen de morosidad acumulada en el sistema.
