El SII frente a la ilegalidad digital
El Servicio de Impuestos Internos (SII) sacudió el panorama digital al publicar una resolución que exige a las casas de apuestas online y plataformas de juegos de azar pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque el organismo admite que estas actividades operan bajo un marco de ilegalidad, sostiene que su mandato es netamente técnico: recaudar tributos sobre servicios digitales, independientemente de la calificación jurídica de la operación.
Esta decisión pone al SII en una ruta de colisión directa con la Corte Suprema, entidad que ha sido tajante al calificar estos juegos como un acto ilícito que vulnera el ordenamiento vigente. Pese a que el máximo tribunal ordenó a las empresas de telecomunicaciones bloquear el acceso a estos sitios, muchas plataformas han logrado sortear las restricciones mediante el uso de nuevos dominios, operando en la sombra sin que exista claridad total sobre sus dueños reales o el origen de sus capitales.
¿Por qué el SII busca cobrar IVA?
La argumentación del organismo estatal se basa en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS). Según el SII, el suministro de contenido de entretenimiento digital —categoría bajo la cual operan servicios como Netflix— está sujeto al pago de IVA. Por ende, argumentan que si la actividad existe, es obligación del ente fiscalizador asegurar que el contribuyente cumpla con el pago de impuestos, dejando la determinación de la licitud del juego en manos de otros organismos del Estado.
El debate en el Congreso y la sombra del lobby
Mientras esta resolución se implementa, en el Congreso avanza un proyecto de ley, en trámite desde 2022, que busca regularizar formalmente a la industria. El gobierno ha otorgado suma urgencia a esta iniciativa, la cual pretende establecer requisitos de operación, proteger a los jugadores y combatir conductas adictivas. Sin embargo, la discusión está empañada por cuestionamientos sobre el rol de la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL) y presuntos conflictos de interés, como la reciente polémica por la asesora legislativa María Trinidad Sainz Reyes, quien trabajó previamente para la industria del juego.
La medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal, afirmaron desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos.
¿Legalización de facto o técnica fiscal?
La postura de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos es clara: ven esta decisión como un paso hacia una legalización encubierta que permitiría a las casas de apuestas operar sin cumplir con las exigencias de fiscalización, trazabilidad de recursos o protección al consumidor que sí se les aplican a los casinos físicos bajo la Ley 19.995. Ante este escenario, los senadores Esteban Velásquez y Diego Ibáñez han anunciado que recurrirán a la Contraloría General de la República para cuestionar la validez administrativa de esta medida, mientras el país sigue a la espera de una ley que finalmente defina si este negocio podrá seguir operando en Chile o si será definitivamente erradicado.
