Operativo conjunto en Providencia
Un intenso operativo de fiscalización se llevó a cabo en la comuna de Providencia, encabezado por Carabineros, la Seremi de Salud Metropolitana y la Municipalidad de Providencia. El objetivo fue una clínica estética que operaba sin autorización sanitaria, utilizando un inmueble que originalmente solo contaba con una patente para el arriendo de oficinas.
Marcela Ortíz, directora de Fiscalización del municipio, explicó que contaban con antecedentes sobre la realización de procedimientos estéticos sin regulación. Previamente, el recinto había acumulado cerca de 15 citaciones por el uso irregular del espacio, el cual está compuesto por 20 oficinas subdivididas para fines médicos no autorizados.
Alarmas por irregularidades
Desde la Municipalidad señalaron que las sospechas aumentaron debido a comportamientos evasivos. «Cada vez que veníamos a fiscalizar, se bajaban las cortinas; había movimientos extraños», relataron. El seguimiento a redes sociales también permitió detectar actividades sospechosas, incluyendo la oferta de intervenciones quirúrgicas y procedimientos como la bifurcación de la lengua.
La autoridad advirtió sobre los graves riesgos a la salud asociados a estas prácticas, tales como el uso de anestesias no autorizadas, que podrían desencadenar complicaciones fatales como estados de coma o incluso la muerte. Al inspeccionar el lugar, los funcionarios encontraron residuos médicos y jeringas, confirmando la falta de estándares básicos.
Medidas contra el centro ilegal
Respecto al futuro del recinto, Marcela Ortíz indicó que se cursarán las infracciones correspondientes y no se descarta una clausura definitiva, decisión que dependerá de los informes de la Seremi de Salud tras la inspección. La funcionaria recalcó que, tras verificar los permisos, se comprobó que el edificio solo estaba habilitado para el arriendo de oficinas.
«Cuando llegamos, detectamos una serie de oficinas que no tienen patentes comerciales para la actividad médica que se ejerce en su interior», sentenció la directora de Fiscalización. La negativa inicial de los ocupantes a permitir el ingreso de las autoridades fue el indicador definitivo de que el recinto albergaba actividades que no contaban con ningún tipo de respaldo legal ni sanitario.
