Un golpe a los planes del Gobierno
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sufrió un duro revés esta semana. La Contraloría General de la República (CGR) notificó que no tomó razón del decreto N°15 de 2025, instrumento clave que buscaba modificar tanto el Plan Regulador Comunal de Santiago como el Plan Regulador Metropolitano para concretar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Las dudas técnicas de Contraloría
El oficio emitido por el organismo contralor detalla serios vacíos en la propuesta gubernamental. El punto central de la discordia es que, tras analizar el decreto, la entidad no pudo determinar si la expansión «se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado o en un terreno distinto». Para la Contraloría, este detalle es fundamental, puesto que si se tratara de la edificación de un nuevo recinto, el proyecto debería cumplir con exigencias legales mucho más estrictas.
Además, el ente fiscalizador cuestionó que no se hayan justificado los motivos para elevar los coeficientes de constructibilidad en el sector para usos de suelo ajenos al proyecto penitenciario. A esto se suma un problema de gestión documental: no se adjuntaron las inscripciones de los terrenos involucrados en la manzana a modificar, lo que impide verificar la legalidad de la iniciativa y dificulta cualquier estudio técnico.
Tensión judicial y política
La resolución de Contraloría fue enviada al Minvu, al Ministerio de Justicia, al Gobierno Regional de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago. Este escollo administrativo llega en un momento de alta fricción judicial, ya que el 17° Juzgado Civil ya había ordenado frenar las obras tras acoger un recurso presentado por la gestión del alcalde Mario Desbordes.
Pese a estos obstáculos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha mantenido una postura firme. En declaraciones a Radio Duna, el secretario de Estado subrayó la urgencia de abordar el hacinamiento carcelario como una prioridad nacional, llamando a la generosidad política para «construir nuevas cárceles y ampliar nuevas cárceles». Por ahora, el futuro de la ampliación de Santiago 1 permanece en un limbo legal y administrativo.
