La reciente determinación del Servicio de Impuestos Internos (SII) para que las plataformas de apuestas y casinos en línea deban pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha generado una fuerte reacción en el Congreso. El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (Ex-FRSV), cuestionó duramente la medida, calificándola como una equivocación que debe ser enmendada a la brevedad.
Para el parlamentario, existe una contradicción fundamental entre la normativa vigente y el actuar de la entidad fiscalizadora.
“Es un serio error que cobrar un impuesto a una actividad ilegal, a menos que se quiera legalizar por secretaría”
, sentenció Velásquez, marcando su rechazo a lo que considera una regulación indirecta de una industria que aún opera fuera de la ley en territorio nacional.
El conflicto entre la ilegalidad y la recaudación
El senador recordó que la Corte Suprema ha sido tajante al definir el estatus de estas plataformas. Según explicó, el máximo tribunal acogió anteriormente un recurso de protección que estableció que el juego online sin autorización legal constituye un acto ilícito. El fallo incluso ordenó a los principales proveedores de internet del país realizar el bloqueo inmediato de estos sitios web.
Velásquez argumentó que este dictamen judicial no dejó espacio a dobles interpretaciones, ya que determinó que la actividad de los casinos en línea vulnera el ordenamiento vigente. Ante esto, el legislador cuestionó por qué el SII pretende ahora registrar tributariamente a empresas que operan al margen de la ley. “Cobrar un impuesto a una actividad ilegal no la convierte en legal, por el contrario, en la práctica opera como una verdadera regulación encubierta”, sostuvo.
Acciones fiscalizadoras y emplazamiento al Ejecutivo
Ante este escenario, el senador Esteban Velásquez anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de esta resolución. Asimismo, hizo un llamado directo tanto al SII como al ministro de Hacienda, Mario Marcel (mencionado en el contexto de la cartera), para explicar esta estrategia de recaudación.
“No puede ser que por un lado tratan de quitar beneficios sociales y por otro buscan recaudar y de paso legalizar una actividad reñida con la ley”, enfatizó el parlamentario. El debate se mantiene abierto mientras el Ejecutivo enfrenta la presión de explicar si estas medidas tributarias pretenden normalizar una industria que, según los fallos de la Corte Suprema, tiene prohibido operar en Chile.
