En un reciente análisis para el espacio de Tomás Mosciatti, el exsubsecretario del Interior e investigador de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe, ha encendido las alarmas sobre la evolución delictiva en el país. Según el experto, el fenómeno del crimen organizado en Chile ha entrado en una preocupante «tercera fase», caracterizada por una profunda penetración institucional que trasciende las calles y llega directamente al sistema financiero.
El detonante de este diagnóstico fue el reciente allanamiento a una sucursal del Banco Santander. En este operativo, se logró la detención de 19 personas involucradas en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. El caso dejó al descubierto la canalización de $78 mil millones de origen ilícito, operación que contaba con la presunta complicidad de un ejecutivo bancario que operaba desde la sede central en calle Agustinas.
El salto hacia la infiltración financiera y el rol de las cárceles
Para Harboe, la participación bancaria no es un hecho aislado, sino una consecuencia lógica de la expansión criminal. «Todo lo que produce la droga, el crimen organizado y las extorsiones tiene que llegar en algún minuto a alguna parte del sistema financiero», sostiene el abogado. El modus operandi detectado incluye el uso de empresas pantalla para girar fondos al extranjero, una dinámica que, a su juicio, podría replicarse en otras instituciones del país.
Respecto a la coordinación de estos delitos, el experto apunta al extranjero. El caso de Carlos “Bobby” Gómez, líder del Tren de Aragua quien dirige extorsiones desde la cárcel de Bogotá, demuestra la transnacionalidad del problema. Según la investigación del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, el delito de extorsiones ha escalado más de un 1.000%, afectando principalmente a locatarios en zonas como Barrio Bellavista, donde bandas han llegado a apropiarse de comercios bajo amenazas directas.
La evolución hacia la tercera fase y la crisis investigativa
El diagnóstico de Harboe divide el actuar criminal en tres etapas claras: el copamiento territorial (peak de homicidios en 2023), el control de barrios y, finalmente, la infiltración de esferas de poder. «La tercera etapa es la penetración institucional, que tiene que ver con el sistema financiero, pero también con policías, fiscales, jueces o la política», advierte.
El experto también cuestionó la efectividad actual del sistema judicial frente a la nueva naturaleza del homicidio. Si antes el 98% de los crímenes eran resueltos, hoy la tasa de éxito ronda entre el 65% y 70%, dejando un 30% de impunidad debido a la aparición del sicariato, donde no existe vínculo entre víctima y victimario. En cuanto a la crisis de seguridad actual, Harboe critica duramente la gestión del Ejecutivo tras la salida de figuras clave como la ministra Trinidad Steinert y la subsecretaria Ana Victoria Quintana. A medida que las instituciones intentan adaptarse, la pregunta que persiste es si el Estado podrá frenar esta importación criminal antes de que la penetración en los estamentos públicos se vuelva irreversible.
