Alertas por control migratorio
Este martes, la Comisión de Gobierno del Senado fue escenario de un intenso debate en torno a la Ley de Migraciones. El centro de la controversia es una indicación presentada por el Gobierno que busca perfeccionar el procedimiento de expulsiones administrativas, otorgando nuevas facultades a la autoridad para recabar datos sensibles de extranjeros en procesos de tramitación.
La propuesta oficial permite solicitar información detallada a organismos públicos y privados. Esto incluye directamente a los establecimientos de salud, instituciones de educación y diversas entidades previsionales. El impacto directo de esta medida ha generado duras críticas de instituciones que velan por el bienestar de los sectores más vulnerables de la población.
El riesgo para los niños y la salud pública
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expuso ante los parlamentarios que la norma prioriza los controles administrativos por sobre el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Según el defensor, el riesgo es claro: la normativa podría generar un efecto inhibitorio que aleje a las familias migrantes de servicios básicos esenciales por miedo a ser reportadas.
La indicación prioriza el control migratorio por sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Desde el Colegio Médico, el tesorero nacional, Carlos Becerra, complementó este argumento enfocándose en la relación médico-paciente. Para el facultativo, la confianza es el pilar de la salud pública. Si el sistema obliga a reportar a los migrantes, muchos optarán por no acudir a los centros asistenciales, agravando problemas sanitarios que afectan, en última instancia, al país entero.
«Esto genera un efecto disuasivo y la gente va a dejar de ir, en esta condición, a los centros de salud. Y eso tiene impactos no solamente para esas personas, sino que afecta al país en su conjunto», advirtió Becerra, subrayando que la política migratoria no puede conculcar derechos fundamentales ya garantizados por ley.
Próximos pasos en el Senado
Tanto la Defensoría de la Niñez como el Colmed insistieron en que el texto actual requiere modificaciones profundas antes de ser votado. El desafío para el Ejecutivo será compatibilizar sus objetivos de control migratorio con las garantías constitucionales de acceso a servicios básicos. Actualmente, el proyecto sigue en discusión y el desenlace de esta indicación será clave para determinar cómo se relacionarán las instituciones estatales con la población migrante en el futuro inmediato.
