El conflicto judicial por la ampliación carcelaria
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la reciente resolución del 17° Juzgado Civil que paralizó las obras de ampliación en el recinto Santiago 1. La decisión judicial responde a un recurso presentado en marzo por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien interpuso una demanda de nulidad de derecho propio. El jefe comunal sostiene que el proyecto no consiste en una ampliación, sino en la construcción de una nueva cárcel.
La jueza Rocío Pérez, quien dictó la medida precautoria, argumentó que «concurren los presupuestos legales que justifican el otorgamiento de la medida precautoria solicitada, resultando ésta además proporcional y necesaria para resguardar la eficacia de la tutela jurisdiccional perseguida».
La postura del Gobierno ante la emergencia
En declaraciones a Radio Duna, el ministro Rabat calificó la situación como un desafío de Estado más que una disputa política. «Tenemos que entender el problema del hacinamiento carcelario como una cuestión de país», sentenció el secretario de Estado, haciendo un llamado a la generosidad para permitir tanto la ampliación como la construcción de nuevas plazas penitenciarias.
Sobre el revés judicial, Rabat restó dramatismo procesal: «Lo que ha ocurrido es una cuestión procesal que pasa todos los días, donde se acogió una petición, que se llama medida precautoria, una cuestión esencialmente previsional para lo cual se exigen ciertas presunciones. No hay ningún convencimiento del fondo del asunto».
Próximos pasos legales y situación actual
El titular de Justicia fue enfático al señalar que el proceso judicial sigue su curso y aún no se dicta sentencia definitiva. Según indicó, el Ejecutivo espera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presente los recursos necesarios para que la Corte de Apelaciones revierta esta medida precautoria.
Rabat recalcó que el sistema enfrenta un hacinamiento carcelario del 150%. En este contexto, el ministro aclaró que «yo no quiero entrar en una discusión con el alcalde Desbordes», pero subrayó la urgencia de avanzar en las obras. El secretario de Estado también recordó que, en la mayoría de las construcciones carcelarias actuales, se incluyen medidas de mitigación relevantes para el entorno, enfatizando que se trata de un tema de orden público y bien común.
