Un llamado urgente realizaron este miércoles las bancadas de oposición en el Congreso, solicitando al Senado reincorporar el levantamiento del secreto bancario en la tramitación del proyecto de ley que establece el Subsistema de Inteligencia Económica. La iniciativa, presentada originalmente en 2023, se encuentra actualmente en su tercer trámite constitucional.
La petición fue liderada por diputados y diputadas del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista e independientes, además del Partido por la Democracia (PPD). El requerimiento surge tras el reciente megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua, procedimiento que derivó en la detención de un ejecutivo del Banco Santander.
La urgencia de combatir el crimen organizado
La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, enfatizó la necesidad de retomar el debate con celeridad. Según la parlamentaria, las transacciones financieras son herramientas clave para el narcotráfico y el crimen organizado, lo cual pone en riesgo la seguridad nacional. Yeomans lamentó que, durante el paso del proyecto por la Cámara, no existiera acuerdo con sectores de la derecha para fortalecer las facultades de la Unidad de Análisis Financiero.
"Las transferencias bancarias son parte de las acciones que realiza el narcotráfico y el crimen organizado, y que están perjudicando la protección de la seguridad de nuestra nación", sostuvo la diputada Gael Yeomans.
En la misma línea, la diputada y jefa de bancada del PC e independientes, Daniela Serrano, emplazó a los senadores a tomar medidas concretas. Serrano recordó que, anteriormente, varios diputados del oficialismo rechazaron incorporar esta medida, instando al Senado a aprovechar la actual instancia legislativa para avanzar en la lucha contra la inseguridad.
Cuestionamientos al sistema financiero y al Ejecutivo
Por su parte, el jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, cuestionó la vulnerabilidad del sistema tras el caso del ejecutivo del Banco Santander. El diputado señaló que el lavado de activos detectado en este proceso supera los 80 mil millones de pesos, planteando la duda sobre la existencia de más casos similares en la industria financiera.
Finalmente, el diputado y jefe de la bancada PPD-independientes, Raúl Soto, fue crítico con el rol del Gobierno. Soto denunció que el crimen organizado ha permeado instituciones públicas y privadas, incluyendo entidades financieras, y llamó al presidente José Antonio Kast y a los Republicanos a no obstaculizar esta medida legislativa. El proyecto continúa su discusión en la Cámara Alta, donde su aprobación sigue siendo un punto de alta tensión política.
