Aunque el Ministerio Público cerró la causa penal contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego mediante un sobreseimiento definitivo y condena en costas, su situación administrativa se mantiene crítica. El órgano contralor ha decidido no dar marcha atrás tras revisar la defensa presentada por el Gobierno Regional (GORE RM).
A través del informe final N° 873 de 2024, la Contraloría General de la República respondió formalmente al intento de Orrego por revertir los cuestionamientos detectados. Lejos de ceder, el ente fiscalizador resolvió “mantener lo observado y las acciones requeridas”, ratificando punto por punto las faltas a la probidad administrativa detectadas originalmente en enero pasado.
Cuestionamientos a contrataciones y redes sociales
El núcleo del problema radica en el uso de recursos públicos y la exposición de la imagen del gobernador. Sobre las contrataciones mediante trato directo, que suman más de $51 millones, el informe fue lapidario. Contraloría subrayó que no existieron antecedentes suficientes para justificar la exclusividad del proveedor, señalando que “no basta hacer referencia a la experiencia”, sino que es imperativo acreditar documentadamente las razones de la decisión.
Otro foco de tensión es el uso de cuentas personales para fines institucionales. Según la fiscalización, de 42 publicaciones analizadas, 32 correspondían a réplicas desde los perfiles personales de las autoridades, incluido Orrego, práctica que contraviene la normativa vigente sobre la distinción entre la persona y la institución pública.
Imagen, campaña y asesorías bajo la lupa
La exposición reiterada del nombre e imagen de Claudio Orrego también fue sancionada, especialmente durante el periodo electoral. El reporte detectó su presencia destacada en 21 de 28 imágenes revisadas, lo cual fue calificado como una infracción potencial al principio de probidad. La Contraloría descartó tajantemente las defensas del GORE, indicando que no se justifican las menciones reiteradas durante la campaña.
El informe señala: “No corresponde que se incorpore la imagen del Gobernador toda vez que ello podría significar una infracción en beneficio personal”.
Finalmente, el capítulo de las asesorías de coaching directivo resultó ser el más sensible. La auditoría identificó que, en 16 sesiones, los temas tratados incluyeron encuestas, posicionamiento político y contingencia electoral, apartándose totalmente de la función pública.
Hoy, este escenario se traslada al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Los antecedentes confirmados por la Contraloría sirven de base para el requerimiento de remoción por notable abandono de deberes presentado por consejeros regionales de Chile Vamos y el Partido Republicano. La batalla administrativa recién comienza y los próximos meses serán claves para definir la continuidad de Orrego en el cargo.
