La Pesquera Friosur, empresa con una trayectoria desde 1985 en la región de Aysén y con presencia en seis mercados internacionales, ha iniciado una acción legal contra el Estado de Chile. La compañía reclama una indemnización de US$46,6 millones, argumentando que la reciente modificación del régimen de fraccionamiento pesquero, introducida en la Ley 21.752, alteró anticipadamente las reglas del juego y perjudicó su estabilidad operativa.
Impacto en la Región de Aysén
La empresa, cuya propiedad incluye en un 20% a la cooperativa de sus trabajadores, sostiene que este daño no se limita a las arcas de la firma, sino que impacta directamente a sus colaboradores y a la comunidad regional. Friosur se posiciona como una de las principales fuentes de empleo en la zona, dando sustento a cerca de dos mil personas si se consideran los puestos de trabajo indirectos, con una alta participación laboral femenina.
La modificación anticipada -y que lesiona derechos legítimos- del fraccionamiento pesquero, ha impuesto a las actoras un sacrificio patrimonial específico, intenso y desproporcionado, sin que el legislador haya establecido mecanismos de compensación que permitan restablecer la igualdad las cargas públicas.
Así lo señaló el abogado Francisco Zúñiga, de Zúñiga Angulo Abogados, quien subraya que el perjuicio es directo, cuantificable y afecta a un conjunto específico de actores económicos.
Inversiones comprometidas y estabilidad jurídica
Durante el año 2025, la pesquera registró capturas por casi 18 mil toneladas, con ventas cercanas a los US$50 millones en productos como merluza austral, merluza de cola, reineta y congrio. Estos bienes llegan a mercados de alta exigencia, incluyendo a España, Portugal, Polonia, Estados Unidos y Chile.
El gerente general de Friosur, Pablo Sufán, enfatizó que la compañía tenía inversiones proyectadas y ejecutadas hasta el año 2032, basándose en la certeza jurídica que brindaba la Ley 20.657. Un ejemplo claro de este compromiso fueron los más de US$12 millones invertidos en una nave de última generación y la ampliación de capacidad de frío en la planta de Puerto Chacabuco.
Por su parte, Mariano Villa, presidente de la cooperativa de trabajadores, llamó a evitar decisiones centralistas que perjudiquen a la comunidad y destacó que la firma realiza una pesca sustentable, empleando redes de media agua que protegen el fondo marino.
Antecedentes legales contra el Fisco
Este escenario legal no es aislado. En febrero, la pesquera Camanchaca también interpuso una demanda contra el Estado de Chile, solicitando una indemnización de $90 mil millones bajo argumentos similares sobre la vulneración del sistema de licencias transables de pesca.
El conflicto se centra en que la Ley 21.752 redujo de forma inmediata la participación industrial sin fundamentos técnicos o científicos, siete años antes de lo previsto originalmente. Ante la ausencia de compensaciones, la judicialización del sector pesquero se mantiene como el mecanismo principal de las empresas para intentar recuperar las pérdidas proyectadas a largo plazo.
