Un golpe al plan penitenciario del Gobierno
La ampliación de la cárcel Santiago 1 sufrió un duro revés judicial este lunes. La jueza Rocío Pérez Gamboa, del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, resolvió acoger una demanda presentada por la Municipalidad de Santiago, ordenando la suspensión de los efectos del acto administrativo que permitía los trabajos de expansión en el recinto.
La magistrada fundamentó su decisión señalando que: “Aparece justificado, a lo menos provisionalmente, acceder a la medida y suspender en sus efectos el acto administrativo impugnado”. La resolución judicial considera que existen los presupuestos legales necesarios para otorgar la medida precautoria, calificándola como proporcional y necesaria para asegurar la eficacia de la tutela jurisdiccional solicitada por el municipio.
La postura del Ejecutivo
Esta decisión impacta directamente en la agenda de seguridad del Ejecutivo, especialmente luego de que el Presidente Kast, durante la reciente cuenta pública, anunciara la creación de 20 mil nuevas plazas para la población penal en el país. Ante el fallo, el ministro de Justicia, Jaime Rabat, descartó una derrota definitiva, enfatizando que se trata de una resolución de primera instancia y confirmando que el Gobierno insistirá en sus planes originales.
Contexto en el complejo Santiago 1
El escenario carcelario sigue bajo tensión. Paralelamente a la resolución civil, Gendarmería notificó este mismo lunes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobre el movimiento de internos. Específicamente, se informó el traslado de los reclusos que permanecían en el módulo 88 hacia el módulo 2 del mismo centro penitenciario. Cabe recordar que, en otro frente administrativo, la Contraloría mantiene un proceso de apercibimiento contra 15 alcaldes por no actualizar su patrimonio, un tema que se suma a la compleja agenda de gestión local y gubernamental actual.
