El avance judicial contra el magistrado
La justicia regional sumó un nuevo capítulo en el caso contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien lidera investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el sur del país. La jueza de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, declaró admisible la cuarta querella presentada en su contra por los delitos de prevaricación imprudente y prevaricación administrativa.
Esta acción legal fue interpuesta por la abogada Carla Fernández en nombre del coronel de Ejército en retiro, Alejo César Tisi Gómez. El militar fue condenado originalmente a una pena de 19 años de presidio por el magistrado, debido a su responsabilidad como autor de los homicidios de un adolescente de 14 años y un adulto de 22 años, ocurridos en el Regimiento Húsares de Angol durante octubre de 1973.
Contexto y cuestionamientos legales
Tras la sentencia inicial dictada por Mesa Latorre, la Corte de Apelaciones de Temuco rebajó la condena a 15 años y 1 día de cárcel, fallo que actualmente se mantiene bajo un recurso de casación pendiente ante la Corte Suprema. La abogada querellante destacó positivamente las diligencias decretadas por la Fiscalía Regional de Los Ríos respecto a este proceso investigativo.
Esta causa está siendo investigada por el delito de prevaricación imprudente y también prevaricación administrativa. Esta cuarta querella demuestra un patrón de conducta del ministro Álvaro Mesa que esperamos que con la investigación del ente persecutor podamos formalizar, ya que el ministro está solicitando su audiencia de sobreseimiento definitivo, sin permitir que la Fiscalía haga su pega.
Según la parte querellante, existe un patrón de conducta reiterado en el ejercicio de las funciones del ministro Álvaro Mesa Latorre, quien es representado legalmente por el defensor penal público regional, Humberto Serri. Mientras la defensa busca el sobreseimiento definitivo, la arremetida judicial de los querellantes apunta a profundizar las indagatorias sobre posibles irregularidades administrativas y procedimentales en el desempeño de su labor judicial.
¿Logrará la Fiscalía avanzar en la formalización o se impondrá la solicitud de sobreseimiento del magistrado? El proceso sigue abierto y bajo estricta observación judicial.
