La Ley de Escuelas Protegidas ha sido finalmente despachada por el Congreso Nacional este martes, cerrando su tramitación legislativa. El proyecto alcanzó su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados tras una intensa jornada que requirió tres votaciones consecutivas: la primera con 105 votos a favor, la segunda alcanzando los 119 sufragios positivos y una tercera que ratificó la iniciativa con 105 votos favorables.
El anuncio de la oposición ante el Tribunal Constitucional
A pesar de la luz verde legislativa, la oposición ha manifestado un rechazo frontal a la normativa. Los parlamentarios opositores presentaron tres reservas de constitucionalidad y han confirmado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar su entrada en vigor.
El diputado socialista Juan Santana explicó la postura del sector: «Hay una diferencia entre presentar un proyecto de ley, aprobarlo, y que posteriormente esta ley se implemente, y es por eso que junto a parlamentarios y parlamentarias de la oposición hemos anunciado reserva de constitucionalidad en normas que son parte del proyecto escuelas protegidas». En la misma línea, el parlamentario César Valenzuela calificó la iniciativa como un «mal proyecto».
Valenzuela argumentó su postura señalando dos puntos críticos: «En primer término, porque no resuelve los problemas de violencia que hay en el interior de los establecimientos educacionales. En segundo término, porque delega a las comunidades educativas la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad».
La postura del Gobierno y la ministra de Educación
Por su parte, el Ejecutivo valoró positivamente el despacho de la ley. La ministra de Educación, María Paz Arzola, enfatizó la necesidad de contar con nuevas herramientas frente a los hechos de violencia en los planteles.
«Se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos, así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo», sostuvo la secretaria de Estado.
Cabe recordar que esta discusión legislativa se da en un contexto de diversas preocupaciones presupuestarias y sectoriales, incluyendo el reciente anuncio de Quiroz sobre el aumento de la deuda en US$6.200 millones, cifra que será ingresada con suma urgencia al Congreso para su discusión técnica.
