Defensa del Registro Único de Vándalos e Incivilidades
El ministro Secretario General de la Presidencia (Segegob), José García Ruminot, salió al paso de las críticas y respaldó la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Esta medida fue uno de los anuncios centrales durante la reciente Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, donde se detalló la firma de un proyecto de ley enfocado en personas sancionadas por conductas que dañen el espacio público y la convivencia nacional.
El titular de la Segegob fue enfático en señalar que la propuesta apunta a generar una consecuencia directa para quienes agredan a funcionarios públicos o instituciones. «Si una persona golpea a Carabineros o a un funcionario de la salud, van a tener la sanción correspondiente a ese delito, pero además, determinado por los tribunales, va poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que está recibiendo», explicó en conversación con Tele13 Radio.
Lógica detrás de la medida
Para el Ejecutivo, resulta una incongruencia completa que individuos que atentan contra el Estado y sus servicios sigan siendo beneficiarios de sus aportes. Según García Ruminot, el objetivo del proyecto es establecer un mecanismo donde «no pueden recibir beneficios del Estado quienes atenten contra el Estado», calificando esta medida como un castigo adicional para persuadir a la población de evitar este tipo de ilícitos.
El secretario de Estado aclaró que el proceso no será discrecional ni arbitrario. «Esto no es capricho de la autoridad, debe estar respaldado en la ley, de tal manera que los derechos fundamentales de las personas, aunque hayan delinquido, estén debidamente resguardados», aseguró, añadiendo que la aplicación de estas sanciones será materia de debate legislativo y presupuestario.
Alcance y retroactividad
Sobre el impacto real del proyecto, el ministro precisó los criterios de aplicación para evitar confusiones. Es fundamental considerar que el registro está diseñado con una lógica prospectiva: «Esto está pensado en quienes cometan delitos de aquí en adelante, no para personas que ya están sancionadas», aclaró el ministro.
La propuesta contempla afectar derechos sociales relevantes, tales como el acceso a la gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU). Bajo la visión del Gobierno, quienes acceden a estos beneficios deben mantener un comportamiento acorde con la sociedad, argumentando que si el Estado entrega ayuda, los receptores deben respetar los bienes públicos y a quienes trabajan en su cuidado.
