Hallazgo en fiscalización nocturna
Una grave falla de seguridad en la cárcel de Aysén fue detectada por la Contraloría General de la República durante un operativo de inspección sorpresa. La irregularidad ocurrió en el marco de un plan nacional de fiscalización que el organismo desarrolla en todo el país, el cual ya ha alcanzado a 70 establecimientos penitenciarios distintos.
El operativo, liderado por el contralor regional Ricardo Hevia, se llevó a cabo durante la noche del sábado 30 de mayo y la madrugada del domingo 31. En esta jornada, los equipos fiscalizadores realizaron inspecciones simultáneas y sin previo aviso en cinco recintos penales ubicados en las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén, con el fin de verificar controles internos y el desempeño del personal de Gendarmería.
Acceso desprotegido en Coyhaique
El punto crítico fue identificado en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique. Según el reporte oficial, el portón de acceso vehicular y peatonal se encontraba completamente abierto al momento de la llegada de los fiscalizadores, con la barrera de seguridad levantada y sin ningún funcionario de Gendarmería resguardando la entrada.
Lo más preocupante es que esta vulnerabilidad ya había sido advertida por el organismo contralor en marzo de 2025, por lo que la falta de corrección encendió las alarmas de la entidad. Ante este escenario, la Contraloría decidió oficiar formalmente a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia, exigiendo que se instruya un sumario administrativo y se apliquen medidas correctivas urgentes.
Alcance del plan de inspección nacional
Este despliegue se enmarca en una estrategia mayor de la Contraloría para auditar la gestión en las cárceles chilenas. Además de revisar la seguridad física, el organismo ha intervenido en procesos disciplinarios internos que se encontraban estancados en Gendarmería.
El ente fiscalizador detectó que varios sumarios administrativos llevaban años sin resolución, estando incluso próximos a prescribir. Estos expedientes investigan faltas graves al interior de los recintos penales, tales como fugas de internos, consumo de sustancias ilícitas y otras irregularidades que requieren esclarecimiento administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
