Accionar policial bajo investigación
La fiscalía de Venezuela ha iniciado una investigación penal contra funcionarios policiales por el reciente allanamiento a un centro de entretenimiento LGBTIQ+ ubicado en Barquisimeto, estado Lara. El operativo, ejecutado por agentes vestidos de civil, resultó en la retención arbitraria de al menos 33 hombres durante diez horas el pasado sábado.
Diversas organizaciones, incluyendo el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, denunciaron formalmente el hecho. Según el relato de las víctimas recopilado por estas oenegés, los funcionarios justificaron las detenciones bajo la acusación de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, una figura inexistente en la legislación venezolana.
Denuncias por abusos y discriminación
El comunicado conjunto de las organizaciones señala que el procedimiento policial no solo consistió en un allanamiento ilegal y actos de extorsión, sino que buscó criminalizar y someter a humillación pública a los afectados. Se denunció que los efectivos expusieron la orientación sexual de los detenidos frente a sus familiares y amigos, agravando el daño moral y social.
Venezuela mantiene un panorama complejo para la diversidad sexual, al ser un país de corte conservador que carece de leyes de protección integral, como el matrimonio igualitario o el reconocimiento del cambio de identidad de género. Activistas han señalado que este tipo de intervenciones responden a un patrón de actos arbitrarios y discriminatorios perpetrados frecuentemente por autoridades estatales.
Antecedentes y medidas judiciales
Ante la presión y la gravedad de las denuncias, el Ministerio Público informó que se llevará a cinco funcionarios ante un tribunal bajo el cargo de presunto allanamiento y ejecución de actos contrarios a la ética pública. Este suceso guarda similitudes con lo ocurrido en 2023, cuando 33 hombres fueron detenidos en un spa de Valencia, estado Carabobo.
En aquel caso, calificado por defensores de derechos humanos como una política de ‘homofobia de Estado’, 30 de los afectados recibieron libertad condicional tras el proceso. El resto, incluido el propietario del establecimiento, recuperaron su libertad días después de la redada original.
