El Gobierno ha decidido reordenar su plan penitenciario, dejando en un segundo plano una de las promesas fundamentales de la campaña del presidente José Antonio Kast: la edificación de una cárcel de máxima seguridad como eje estratégico contra el crimen organizado. La nueva ruta trazada por el Ejecutivo opta por dar continuidad al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria desarrollado durante la administración de Gabriel Boric, enfocándose en ampliar recintos actuales y crear nuevas plazas para aliviar el sistema.
La decisión ha generado reacciones diversas en el arco político. El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que el Ejecutivo terminó por validar la estrategia previa. Según Mulet, el gobierno ha validado el objetivo de aumentar en 20.000 plazas el sistema carcelario para el año 2030, un hito que se ha consolidado en el debate público durante las últimas semanas.
Tensión por el impacto urbano y nuevos terrenos
El debate también se ha trasladado al impacto territorial de estas obras. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se opone tajantemente a sumar más capacidad carcelaria en su comuna, alegando que la zona ya está sobrecargada. Desbordes cuestionó la proyección de usuarios, señalando que el problema no son solo los 1.600 internos actuales de Santiago 1, sino el efecto dominó que esto genera.
"No es efectivo que las personas que van a llegar a esa ampliación van a ser solo las 1.600 que están en Santiago 1, porque la historia lo desmiente. Cuando llegan 5.000 personas a ese lugar, estamos hablando de 50.000 visitas, con todo lo que eso acarrea", declaró el jefe comunal.
El alcalde enfatizó que, si bien el país necesita más recintos, emplazó al Gobierno a buscar terrenos fuera de los centros urbanos, debido a la alta presión social y logística que supone el crecimiento de la población penal en los barrios cercanos.
Segregación de alta peligrosidad
Mientras tanto, el Gobierno evalúa medidas para endurecer la segregación de internos vinculados a bandas criminales. Entre las alternativas en estudio destacan restricciones más severas para reclusos peligrosos y un control riguroso de sus comunicaciones. Sobre esto, el exministro de Justicia Isidro Solís indicó que son medidas dentro de lo esperado. “A mí no me parece nada extraño, no me parece una cosa que esté fuera de los cánones o de la actividad normal de un servicio penitenciario”, sostuvo Solís.
Actualmente, el Ejecutivo enfrenta el desafío de equilibrar el déficit de infraestructura con el combate al crimen organizado. ¿Será suficiente la ampliación de plazas existentes para frenar el avance de las bandas delictivas en el país, o terminará el Gobierno forzado a retomar el proyecto original de máxima seguridad fuera de las ciudades?
