En un movimiento clave para el conflicto en la zona sur, el Movimiento por la Libre Determinación Mapuche y el Consejo de Todas las Tierras presentaron una carta formal dirigida al presidente José Antonio Kast. Las agrupaciones exigen el fin inmediato del Estado de Excepción en la región de La Araucanía, argumentando que la estrategia actual carece de legitimidad y profundiza la militarización.
¿Qué buscan concretamente las comunidades con esta propuesta? La solicitud principal apunta a que el Ejecutivo realice un traspaso total de los programas indígenas directamente a las organizaciones. Según los dirigentes, esta medida es necesaria debido a la falta de una política clara por parte del Gobierno respecto a los temas que afectan al pueblo originario.
La postura del Consejo de Todas las Tierras
Aucán Huilcamán, representante del Consejo de Todas las Tierras, enfatizó que el conflicto debe resolverse exclusivamente a través de la paz y el diálogo. Sin embargo, advirtió que bajo las actuales condiciones, ese camino es inexistente debido a la ambigüedad gubernamental.
El conflicto en La Araucanía se tiene que resolver mediante la paz y el diálogo. Eso hoy día no lo hay y, a raíz de eso, el punto de partida invita a que no hay claridad sobre cuál es la posición del Gobierno del presidente José Antonio Kast en la región.
Huilcamán fue enfático al señalar que, si el Ejecutivo insiste en mantener el Estado de Excepción Constitucional, se confirma una política de militarización equiparable a la de la dictadura militar. Para el dirigente, la extensión indefinida de esta medida es una prueba irrefutable de que el Estado chileno carece de legitimidad en territorio mapuche.
Derecho internacional y restitución de tierras
Además de las peticiones políticas, las organizaciones instaron al mandatario a cumplir estrictamente con el derecho internacional. Esto incluye la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, enfocada en la restitución de tierras y sus recursos naturales.
Como mecanismo de implementación, los solicitantes propusieron la creación de una “Comisión Paritaria” destinada a formalizar los Parlamentos o Tratados reconocidos históricamente. El escenario actual refleja una profunda brecha entre las demandas de autodeterminación y la gestión centralizada, dejando abierta la interrogante sobre si el Gobierno de José Antonio Kast estará dispuesto a ceder el control de los programas indígenas para iniciar un diálogo de alto nivel.
