La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó una acusación contra Diego Ancalao Gavilán, solicitando una pena total de 15 años de cárcel. La investigación apunta a un presunto fraude electoral ejecutado durante el proceso de inscripción de su candidatura presidencial en 2021, donde se habrían falsificado más de 23 mil firmas para cumplir con los requisitos legales.
Según el escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Ancalao acudió al Servel el 23 de agosto de 2021. En aquella ocasión, el exprecandidato independiente presentó 35.297 patrocinios ciudadanos. De ese total, 12.136 fueron validados mediante firma electrónica, mientras que 23.161 correspondían a formularios físicos. La acusación detalla que, de estos últimos, 23.135 eran falsos.
Detalles del fraude y la trama de identidades
El Ministerio Público sostiene que los documentos entregados no fueron completados por los ciudadanos que figuraban como patrocinantes. Además, carecían de domicilios reales y fueron confeccionados sin autorización de las personas cuyos nombres aparecían en las planillas. Para la fiscalía, existió una concertación ilícita entre Ancalao y otros cinco imputados: Nataly Vega Valenzuela, Denisse Olivares Jiménez, Fabián Olivares Jiménez, Max Bustamante Ancalao y Gonzalo López Allende, este último actualmente en calidad de prófugo.
El Ministerio Público sostiene que los formularios no fueron completados por las personas que figuraban como patrocinantes, tampoco contenían domicilios reales ni fueron firmados por los ciudadanos que aparecían respaldando la candidatura.
El esquema involucraba a Gonzalo López Allende, quien habría recibido dinero para estampar timbres falsos atribuidos al notario Patricio Zaldívar Mackenna. Lo grave del hecho es que el citado notario dejó su cargo en abril de 2018 y falleció en febrero de 2021, meses antes de que la candidatura fuera inscrita ante el órgano electoral.
Las penas solicitadas y el futuro judicial
La Fiscalía ha solicitado al tribunal penas que deberán cumplirse de forma sucesiva: tres años por fraude electoral, nueve años por delitos reiterados de falsificación de instrumento público y tres años por usurpación reiterada de identidad. Todo suma el total de 15 años de presidio.
Tras el cierre de la investigación el pasado 13 de mayo, el caso entra en su etapa decisiva. El Ministerio Público planea presentar decenas de testigos, incluyendo funcionarios del Servel, detectives de la PDI y colaboradores cercanos a la antigua campaña. ¿Logrará la defensa desestimar estas pruebas o se dictará una sentencia ejemplificadora por este caso de fraude electoral?
