El cierre de las aristas Mandos y Matriz
El denominado Milicogate, una de las tramas de corrupción más complejas al interior del Ejército de Chile, registró un avance judicial clave. Siete exintegrantes de la institución fueron condenados tras el cierre de las aristas judiciales conocidas como Mandos y Matriz, las cuales acumulan multas que se acercan a los $1.200 millones por irregularidades en el uso de fondos públicos.
La investigación, liderada por la ministra de la Corte Marcial, Ana María Osorio, detalló el actuar de los involucrados durante su periodo en la División de Mantenimiento. En el caso de la arista Mandos, el foco estuvo puesto en el general de brigada en retiro, Héctor Ureta. El exalto oficial fue sentenciado a una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.
Las cifras detrás del fraude
La condena contra Héctor Ureta se sustenta en el delito de fraude al Fisco de carácter reiterado. Según los antecedentes judiciales, el perjuicio total causado bajo su gestión alcanzó los $1.783.438.859. De esta cifra, el exgeneral deberá pagar una multa de $356.687.722, equivalente al 20% del dinero defraudado.
En la arista paralela, denominada Cuaderno Matriz, se dictaron sentencias contra otros seis exfuncionarios que operaban bajo las órdenes directas de Ureta. Entre los principales condenados se encuentran el suboficial en retiro Claudio González, la secretaria y sargento segundo (r) Millaray Simunovic, y el sargento primero (r) Miguel Escobar.
Condenas adicionales y penas accesorias
Para este grupo de tres exfuncionarios, la justicia estableció penas de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Asimismo, deberán cancelar una multa solidaria de $427.322.194, monto que también representa el 20% del perjuicio ocasionado en dicha línea de investigación.
El listado de sentenciados se completa con otros tres involucrados:
- Jorge Silva, coronel (r): 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y multa de $406.942.718.
- Luis Meléndez, sargento primero (r): 7 años de cárcel.
- Jacqueline Carrasco, cabo primero (r): 6 años de presidio y multa de $7.197.414.
Adicionalmente, el tribunal aplicó a todos los condenados la pena de cinco años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos, empleos u oficios públicos. Con este fallo, la justicia marca un precedente significativo en el Milicogate, aunque la pregunta que persiste en la opinión pública es si estas sentencias lograrán resarcir el daño patrimonial causado al Estado o si surgirán nuevos antecedentes en futuras indagatorias de la Corte Marcial.
