La dieta parlamentaria vuelve a estar en el centro del debate legislativo tras el ingreso de un proyecto de ley por parte de la bancada del Partido de la Gente (PDG). La iniciativa surge en un contexto marcado por los recortes impulsados por el gobierno de José Antonio Kast, reabriendo la discusión sobre los sueldos de diputados y senadores, que actualmente alcanzan los 8 millones 300 mil pesos.
Es importante recordar que la última modificación a esta remuneración ocurrió en 2020, cuando el monto bajó desde los casi 9 millones 450 mil pesos que se percibían anteriormente. La nueva propuesta del PDG busca establecer un tope máximo de 10 sueldos mínimos, lo que, bajo la normativa vigente, fijaría la dieta en 5 millones 390 mil pesos, representando una disminución superior al 34%.
¿Qué dicen los parlamentarios sobre la rebaja?
El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, defendió la medida señalando que buscan dar una señal clara a la ciudadanía.
nos encantaría que esto fuera para todo el aparato público (…) hemos presentado este proyecto de ley porque creo que somos los primeros que deben dar una señal importante a la ciudadanía.
Las reacciones en el Congreso han sido mixtas. Desde la DC, el diputado Patricio Pinilla cuestionó la intención del proyecto, calificándolo como un intento de «sacar aplausos fáciles», aunque se mostró abierto a analizar la propuesta siempre que esta incluya a otras autoridades como el Presidente, ministros y subsecretarios.
Por su parte, el diputado Jorge Brito, desde el Frente Amplio, valoró la iniciativa del PDG y la calificó como un avance, recordando que su sector ha impulsado anteriormente medidas similares. En una postura distinta, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, sostuvo que esta materia debe quedar exclusivamente en manos de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, argumentando que «no es sano que los parlamentarios tengan la facultad de subirse o bajarse la dieta a su voluntad».
Actualmente, el proyecto se encuentra en su primer trámite legislativo y deberá ser discutido en la Comisión de Constitución. Queda por ver si esta propuesta logrará el consenso necesario para avanzar en el Congreso o si se sumará a los intentos fallidos de años anteriores.
