Una fuerte polémica se desató en la escena política chilena tras el traslado de reos comunes desde el Centro Penitenciario de TilTil, conocido históricamente como el ex penal Punta Peuco. Las diputadas Daniela Serrano (PC) y Lorena Fries (FA), junto al diputado Marcos Barraza (PC), han levantado la voz para criticar abiertamente la decisión de Gendarmería, calificándola de «retroceso histórico» y «vergüenza moral» para el país.
«Vergüenza moral»: La crítica del Partido Comunista
Desde la bancada comunista, la diputada Daniela Serrano, jefa de su partido en la Cámara, no ocultó su preocupación. La parlamentaria advirtió que el movimiento administrativo de internos comunes desde el Centro Penitenciario de Til Til a otras cárceles del país podría esconder un propósito mucho mayor.
“Lamentablemente, detrás de estas decisiones se podría estar escondiendo el real propósito de todo esto, que es reconstruir a Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad. De ser así sería un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”, sentenció la diputada.
A esta crítica se sumó el diputado Marcos Barraza, subjefe de la bancada PC e independientes. El parlamentario puso en tela de juicio los valores que representa un gobierno al tomar este tipo de decisiones sobre quiénes reciben un trato especial.
“Un gobierno también se define por a quién protege. ¿Qué hace que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad reciban tratos especiales financiados con el dinero de todos los chilenos? Chile no puede acostumbrarse a que existan estándares distintos cuando se trata de quienes cometieron las violaciones más brutales contra su propio pueblo”, afirmó Barraza. El legislador enfatizó la gravedad de la situación, aludiendo a los cimientos del Estado de Derecho. “Esto es extremadamente grave. Lo que está en juego no es solo una decisión penitenciaria, sino la credibilidad del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el compromiso democrático de que nunca más existan espacios de impunidad o privilegio para quienes atentaron contra la vida y la dignidad de miles de chilenos”, agregó.
La diputada Lorena Fries, representante del Frente Amplio, también cuestionó la ejecución de la medida. Su crítica se centró en la falta de transparencia en el proceso de transferencia de los reos.
“Siguen haciendo las cosas de manera opaca, poco transparente, sin asumir públicamente las decisiones que toman. No es lo que espero de un gobierno, incluso cuando es de ideas opuestas a las mías”, manifestó Fries, subrayando la importancia de la claridad en la gestión pública.
Gendarmería defiende traslados como gestión técnica y voluntaria
Ante las acusaciones, Gendarmería de Chile emitió un comunicado para aclarar la situación. La institución penitenciaria aseguró que los traslados se realizaron bajo un estricto apego a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación definidos.
Según el comunicado, el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil se produjo luego de que los mismos reos presentaran peticiones escritas de manera voluntaria. Gendarmería insistió en que estas gestiones son de carácter técnico y normativo, desarrollándose de forma continua.
Los criterios que guían estas decisiones, según la institución, son la seguridad, las condiciones de habitabilidad y las exigencias operativas específicas de cada recinto. Todo ello, reafirmó Gendarmería, buscando asegurar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La institución reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional.
La controversia por el traslado de reos comunes desde el ex penal Punta Peuco deja en evidencia la sensibilidad que aún genera el tema de los privilegios penitenciarios y la memoria histórica en Chile. La discusión se centra ahora en la transparencia de las decisiones de Gendarmería y si, efectivamente, esta medida abre la puerta a la revitalización de un recinto cuestionado. ¿Cómo afectará esta decisión la percepción pública sobre la igualdad ante la ley en el sistema penitenciario chileno?
