La Contraloría General de la República dio luz verde al decreto que actualiza la norma primaria de calidad del aire para el plomo, tras el reingreso del documento por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Esta medida busca endurecer los criterios de control sobre este metal pesado en la atmósfera.
Para cumplir con los estándares internacionales, el decreto mantiene el límite de concentración anual en 0,5 microgramos por metro cúbico normal (µg/Nm³). Este umbral equipara a Chile con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con regulaciones aplicadas en la Unión Europea, Brasil y Colombia.
¿Por qué es importante controlar el plomo?
El plomo es un metal pesado altamente tóxico. Su impacto en la salud humana está plenamente documentado, asociándose su exposición prolongada o a niveles elevados con severas afecciones en los sistemas nervioso, renal y cardiovascular.
A partir de esta actualización, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) será el organismo encargado de elaborar los protocolos oficiales de medición y análisis. El objetivo central es estandarizar los procesos de fiscalización y garantizar un seguimiento riguroso del cumplimiento normativo.
Red de monitoreo y riesgos en zonas industriales
De manera complementaria, las autoridades proyectan la creación de un catastro técnico destinado a ampliar la red de monitoreo actual. A día de hoy, el país cuenta con solo 13 estaciones con representatividad poblacional para material particulado respirable (MP10) que miden plomo, distribuidas exclusivamente entre las regiones de Atacama y Valparaíso.
La urgencia de estas medidas se refuerza tras un reciente estudio científico realizado en la bahía de Quintero-Puchuncaví, el cual detectó metales pesados en diversas especies marinas. El análisis, basado en muestras de diez especies obtenidas en 2022 —como ostiones y jaiba peluda—, identificó niveles peligrosos de plomo, cadmio, mercurio y cromo en tejidos de peces, moluscos y crustáceos destinados al consumo humano, evidenciando el impacto de la actividad industrial en la zona.
Con la oficialización de este decreto, el Estado avanza hacia una regulación más técnica, aunque queda pendiente observar si la expansión de la red de monitoreo será suficiente para cubrir las zonas críticas detectadas por la ciencia.
