El caso del profanador que impactó al país
El denominado profanador de tumbas de Recoleta, Diego Soto Montero, recibió su condena definitiva por los perturbadores hechos ocurridos en el Cementerio General. A pesar de la gravedad de los actos, el sujeto de 25 años cumplirá una pena de 450 días de reclusión en libertad. El beneficio se otorgó debido a que el joven no contaba con antecedentes penales previos, aceptó su responsabilidad en los delitos y colaboró activamente con la investigación liderada por el Ministerio Público.
Un registro viral y el inicio de la investigación
La polémica estalló en mayo de 2025, cuando circuló en redes sociales un video donde se veía a Soto saliendo de una cripta con un cráneo humano. En las imágenes, el sujeto aparecía patinando en skate junto a otras personas sobre diversos mausoleos, incluyendo el del expresidente Salvador Allende. Tras la viralización, el alcalde Fares Jadue interpuso una denuncia formal, exigiendo el máximo rigor de la ley para sancionar estas incivilidades que vulneraron la Ley N° 17.288.
Allanamiento y detención
Durante la investigación, el 14 de mayo, la policía allanó el domicilio del imputado, donde se hallaron diversas osamentas al interior de su dormitorio. Ese mismo día, Soto fue detenido cerca de un centro psiquiátrico en Recoleta, portando en ese momento dos cráneos y otros restos humanos extraídos del camposanto. Aunque su defensa intentó alegar una supuesta enajenación mental durante la audiencia de formalización, el magistrado descartó dicha condición y decretó la prisión preventiva, otorgando un plazo de 150 días para las diligencias.
Sentencia y cumplimiento
En abril de 2026, el fiscal Patricio Jory, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, solicitó una pena de casi seis años de cárcel y una multa de 50 UTM por tres delitos: alteración o daños de monumentos nacionales, ultraje del cadáver y dos delitos de ultraje de sepultura. Finalmente, a través de un juicio abreviado, se establecieron los 450 días de condena bajo libertad vigilada. Como parte de las medidas, Soto deberá firmar periódicamente en un Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile; si incumple este requisito, la justicia podría revocar el beneficio y enviarlo a cumplir la pena de manera efectiva en la cárcel.
