Medidas drásticas en la estatal
La cuprífera estatal Codelco anunció medidas disciplinarias tras confirmar los resultados de una auditoría interna que investigó una acusación por sobreestimación de producción durante el año 2025. El Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) lideró la indagatoria, concluyendo que efectivamente se aplicaron de forma incorrecta las normas internas para el reconocimiento de toneladas de cobre fino.
Detalle de las irregularidades detectadas
La investigación se centró en 20 mil toneladas métricas de cobre fino (tmf) provenientes de óxidos de la División Chuquicamata, además de 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio en la División Ministro Hales. Este volumen representa aproximadamente el 2% de la producción propia total informada por la corporación durante el periodo 2025.
El informe técnico fue lapidario respecto al origen del error: los materiales en cuestión requerían procesamiento adicional y no cumplían con los requisitos para ser catalogados como producto terminado, por lo que debieron registrarse como productos en proceso. En este proceso, se detectaron fallas críticas como incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y la falta de aprobaciones que eran obligatorias por reglamento.
Consecuencias legales y administrativas
Tras la confirmación de estos hechos, la estatal decidió el despido de uno de sus ejecutivos. Según información consignada por el Diario Financiero, el profesional desvinculado es Cesar Marquez Marquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión. Adicionalmente, otros profesionales involucrados recibieron amonestaciones formales.
A pesar de la gravedad del hallazgo, la empresa aclaró que no se han identificado efectos negativos que obliguen a rectificar los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025, aunque sí se incluirán notas aclaratorias en los reportes. Finalmente, el directorio de Codelco formalizará una denuncia ante el Ministerio Público para determinar si estos hechos presentan carácter de delito, junto con la instrucción de actualizar toda la normativa interna sobre reportes de producción.
