Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en jaque a la Municipalidad de San Pablo, tras confirmar una deuda previsional que asciende a los 862 millones de pesos. Este déficit afecta directamente al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de la comuna, revelando una gestión marcada por desorden financiero y administrativos que han derivado en una crisis institucional profunda.
El actual alcalde, Marco Carrillo, fue enfático al desmarcarse de las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador. Según señaló, la auditoría fue solicitada por su propia administración al contralor regional Mario Quezada durante su primer mes en ejercicio, con el objetivo de esclarecer el estado financiero dejado por la gestión anterior de Juan Carlos Soto.
Hallazgos financieros y administrativos
La auditoría de la Contraloría expuso cerca de 17 puntos críticos, otorgando un plazo de 30 días para que el municipio entregue soluciones concretas. Entre los hallazgos más graves destaca una deuda tributaria de 132 millones de pesos, además de la inexistencia de manuales de procedimiento, ausencia de conciliaciones bancarias y falta de análisis contables básicos en el Daem.
Sobre estas falencias, el alcalde Carrillo explicó:
“Lo auditado corresponde particularmente a los períodos 2023 y 2024, donde yo no era alcalde de la comuna, pero donde esta administración tiene que hacerse cargo de todo lo que está sucediendo acá en la comuna, donde se han encontrado varios hallazgos tanto financieros como administrativos”.
La crisis de la educación sanpablina
La situación es crítica, ya que el municipio carece de flujo de caja para regularizar las obligaciones pendientes. Si bien durante el 2025 se lograron cubrir 11 de los 12 meses de cotizaciones para el profesorado, el déficit mensual impide una normalización total. A esto se suma que la deuda sigue creciendo debido a la acumulación de intereses, reajustes por parte de AFP e instituciones de salud, y la retención de subvenciones por parte del Estado.
El informe detalla que, por pagos extemporáneos de seguridad social, el municipio sufrió un daño patrimonial superior a los 28 millones de pesos en multas e intereses. Adicionalmente, se detectó el uso indebido de recursos de subvenciones educacionales para pagar 1,8 millones de pesos en intereses por consumo eléctrico, lo que motivó un reparo formal y el envío de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Ante este escenario, el jefe comunal ha solicitado a las autoridades nacionales el adelanto del SLEP (Servicio Local de Educación Pública), argumentando que pagar la deuda actual es, en este momento, una tarea imposible para las arcas municipales. ¿Logrará el municipio sanpablino sortear esta crisis sin comprometer la continuidad educativa de sus estudiantes?
