La audiencia de preparación de juicio oral contra el exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, y otros siete imputados por delitos de corrupción podría sufrir un nuevo aplazamiento. La causa, que indaga un millonario perjuicio a las arcas municipales durante su gestión, se encuentra en un momento crítico debido a modificaciones en los equipos de defensa.
El próximo 2 de junio es la fecha fijada para el inicio de este proceso judicial, enfocado en irregularidades detectadas en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Sin embargo, el panorama cambió tras la reciente contratación del abogado Jorge Matzner como nuevo representante legal del exjefe comunal, quien anteriormente contaba con defensa privada.
Defensas solicitan más tiempo para analizar acusaciones
El abogado Jorge Matzner adelantó en declaraciones a Radio Bío Bío que solicitará formalmente una nueva fecha durante la audiencia de junio. El profesional fundamenta su petición en la extensión de la carpeta investigativa, precisando que “los antecedentes son muy extensos” y que, únicamente la acusación presentada por el Ministerio Público, supera las 400 páginas.
Esta estrategia no sería exclusiva del exalcalde. Se confirmó que el exadministrador municipal, Carlos Soto, también cambió de abogado defensor. Ante esta situación, se estima que su nueva representación legal se sumará a la solicitud de postergación para lograr interiorizarse de manera adecuada en los detalles del caso antes de avanzar a la etapa de juicio.
¿Qué delitos se imputan en el caso DAEM?
El proceso legal involucra a ocho personas, entre las que se cuentan el exalcalde y su círculo de confianza, quienes enfrentan acusaciones graves por su actuar en la administración pública. Los cargos incluyen:
- Incremento patrimonial injustificado de funcionario público
- Soborno
- Cohecho
- Fraude al fisco
- Lavado de activos
Por ahora, la incertidumbre se mantiene sobre si el Tribunal aceptará el requerimiento de las nuevas defensas o si se mantendrá el calendario original. El desenlace del 2 de junio será determinante para definir si el proceso avanza hacia el juicio oral o si el acceso a la extensa documentación provocará una dilación en la búsqueda de justicia por el desfalco municipal.
