Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) destapó una serie de deficiencias críticas en la gestión de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). El Informe Final N° 80 de 2026, que analizó el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, reveló que se entregaron beneficios de fomento a personas que ni siquiera cumplían con las condiciones básicas para ser consideradas agricultoras.
Créditos para ilícitos y beneficiarios no aptos
Lo más grave detectado por el ente fiscalizador es la falta total de control sobre antecedentes delictivos. El Indap no fiscalizó tres casos donde los solicitantes registraban vínculos con actividades ilícitas en sus propios predios: dos de ellos involucraban el cultivo de plantas de marihuana y el tercero, un caso de usurpación de aguas.
A esto se suma que los filtros de elegibilidad fallaron masivamente. Un grupo de 10 personas recibió fondos pese a poseer vehículos motorizados valorados en más de 3.500 UF (sobre $128 millones), mientras que otras dos personas contaban con un capital propio tributario que excedía dicho umbral. Asimismo, se descubrió que 16 individuos, beneficiarios de un total de $51.950.000, obtenían sus principales ingresos de actividades ajenas al rubro agrícola, como arriendos, honorarios o sueldos, incumpliendo la normativa que exige que la explotación del campo sea la fuente principal de recursos.
Fallas en fiscalización y vulnerabilidad
El desorden administrativo alcanzó también a la tenencia de tierras y la condición socioeconómica de los usuarios. 23 personas obtuvieron créditos por $62.155.496 sin acreditar la propiedad legítima de sus terrenos, figurando simplemente como «ocupantes». En cuanto al Registro Social de Hogares, el informe apunta que 8 beneficiarios con créditos por $51 millones no cumplían con el rango del 0% al 70% de vulnerabilidad, mientras que otras 95 personas con calificación superior al 70% recibieron más de $503 millones.
Además, se detectó que 481 créditos fueron entregados a personas catalogadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin que existiera un proceso de reevaluación para confirmar si aún mantenían esa condición. La fiscalización en terreno fue mínima: de 566 créditos de corto plazo otorgados en 2024, solo 36 fueron supervisados, alcanzando apenas un 6%, muy por debajo del 10% exigido por el propio reglamento interno del organismo.
Proyecciones tras la auditoría
Ante este escenario, la Contraloría ha instruido al Indap para que realice una revisión exhaustiva de todos los casos observados y aplique los ajustes necesarios para revertir estas irregularidades. Paralelamente, se deberá abrir un procedimiento disciplinario para establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios a cargo. Queda por ver si esta auditoría resultará en sanciones concretas contra los responsables de haber entregado fondos públicos sin las debidas salvaguardas.
