La reciente aprobación en la Cámara Baja de una norma que establece la invariabilidad tributaria por 25 años ha provocado una inmediata reacción política. Los diputados Daniela Serrano (PC), Ana María Gazmuri (AH) y Jorge Brito (FA) confirmaron la presentación de una reserva de constitucionalidad, argumentando que esta medida limita severamente la potestad fiscal del Estado.
A través de la red social X, los parlamentarios oficialistas expresaron su rechazo a lo que califican como un candado permanente para la política económica del país. Según detalló Daniela Serrano, esta disposición implica que 6 gobiernos y 6 legislaturas no tendrían facultades para modificar la carga tributaria. La diputada enfatizó:
Como @DiputadsPC_indp realizamos reserva de constitucionalidad. Mientras tanto, la derecha aplaude y celebra beneficios para sus bolsillos y los de sus amigos, amarrando al país por décadas.
Argumentos contra el candado fiscal
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri criticó duramente que una mayoría circunstancial pueda restringir la potestad de futuros gobiernos durante un periodo tan extenso.
Es un atentado a la democracia y debilita el ejercicio democrático, porque impide que las mayorías futuras puedan decidir soberanamente sobre la política fiscal del país.
La legisladora argumentó que el país requiere herramientas para financiar derechos sociales y reducir desigualdades, no mecanismos que bloqueen la recaudación.
En la misma línea, el diputado Jorge Brito subrayó que el Congreso tiene un carácter transitorio y no puede legislar de forma permanente. Brito sostiene que la medida vulnera los artículos 4, 5 inciso 1°, 6 inciso 1° y 7 incisos 2° y 3° de la Constitución. El parlamentario sentenció que la soberanía democrática no debe ser hipotecada por un plazo de 25 años, cuestionando la legalidad de congelar la política fiscal del Estado.
¿Es viable jurídicamente sostener una invariabilidad de esta magnitud en el marco legal vigente? El debate jurídico recién comienza y la reserva de constitucionalidad presentada por los legisladores será clave para definir si esta norma podrá prosperar o si será declarada inaplicable en instancias superiores.
