Un grave caso de irregularidades administrativas remece a la Municipalidad de Osorno, en la región de Los Lagos. La institución confirmó la desvinculación de dos funcionarios luego de que una investigación interna comprobara la alteración maliciosa de sistemas informáticos para modificar registros de horas trabajadas, maniobra que permitía a los involucrados obtener jornadas libres de manera irregular.
El caso no solo se mantiene en el ámbito municipal, sino que ya es materia de una indagatoria penal liderada por el Ministerio Público. Las diligencias investigativas están siendo ejecutadas por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de establecer responsabilidades más allá del terreno administrativo.
Detalles del sumario y aristas legales
La situación fue abordada en el pleno del Concejo Municipal, donde César Guzmán, encargado jurídico de la corporación edilicia, entregó detalles sobre el origen del proceso. Según explicó, todo comenzó tras la detección de inconsistencias que motivaron la presentación de una denuncia formal por parte del municipio.
El sumario administrativo detectó que ciertos funcionarios eliminaron documentos de carácter administrativo, relacionados con permisos, donde se habría manipulado un instrumento a nivel informático.
César Guzmán señaló que, aunque no se pueden entregar mayores antecedentes por el carácter reservado de la indagatoria penal, el sumario administrativo que derivó en los despidos se encuentra firme y ratificado judicialmente. El proceso superó instancias de revisión tanto en las Cortes de Apelaciones como en la Corte Suprema, validando la decisión municipal.
¿Habrá más involucrados en el caso?
Si bien la investigación administrativa interna no detectó a más personas participando en la manipulación de los registros, el asesor jurídico no descartó que la investigación de la PDI y la fiscalía pueda ampliar el círculo de implicados a medida que avancen las pericias. Este punto ha generado tensión en el concejo, especialmente ante el cuestionamiento sobre por qué aún no se han remitido los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Sobre la posible afectación al patrimonio fiscal, desde el departamento jurídico aclararon que se encuentran a la espera de los resultados concretos que emanan de las diligencias policiales para tomar nuevas acciones legales. Por ahora, el municipio se mantiene atento a las conclusiones del Ministerio Público para evaluar si será necesaria una arista judicial mayor contra los responsables.
