La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde este martes al artículo 9 bis del proyecto de Sala Cuna Universal, marcando un episodio de alta tensión política entre el Ejecutivo y el Congreso. La votación se cerró con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, evidenciando una división profunda en el hemiciclo respecto a cómo financiar y ejecutar esta política pública.
Tensión constitucional y posturas en la Cámara
El debate estuvo marcado por la postura de parlamentarios que decidieron abstenerse, distanciándose tanto de la línea oficialista como de la oposición. Entre los legisladores que optaron por esta postura se encuentran Jorge Alessandri, Andrés Celis, Eduardo Cretton, Jorge Guzmán, Tomás Kast, Joanna Pérez, Hotuiti Teao, Flor Weisse, Diego Schalper y Ximena Ossandón.
Inmediatamente tras el conteo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, formalizó la reserva de constitucionalidad presentada junto a la diputada Constanza Hube. Según el jefe de la billetera fiscal, la medida es inviable bajo la actual administración:
El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas.
Argumentos en disputa: ¿Eficiencia o gasto fiscal?
Por otro lado, la diputada Gael Yeomans defendió la iniciativa, cuestionando los reparos sobre la admisibilidad de la norma. Yeomans enfatizó que esta propuesta es una herramienta clave para el empleo femenino, afirmando que es una alternativa que requiere cinco veces menos recursos que otras medidas, como el crédito tributario impulsado previamente.
En la misma línea, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, lamentó la respuesta del Ejecutivo tras la aprobación:
Se aprueba el artículo 9 bis que establece la Sala Cuna Universal, pero el Gobierno responde pidiendo reserva de constitucionalidad. Una vez más, cuando se trata de avanzar en derechos para las familias y la crianza, el Ejecutivo prefiere poner obstáculos antes que soluciones, pese a declararse pro vida. La Sala Cuna Universal no puede seguir esperando.
Con esta reserva de constitucionalidad, el proyecto se encamina hacia una revisión en el Tribunal Constitucional, lo que mantiene en vilo la implementación de una política que busca eliminar las incompatibilidades entre la crianza y el mercado laboral. ¿Será este el fin de la propuesta en su forma actual o el TC permitirá que avance el proyecto?
