La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, operada por Anglo American y Glencore, ha ingresado formalmente un Recurso de Aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental. El objetivo de la minera es que el organismo judicial precise los alcances de la sentencia dictada el pasado 14 de mayo, la cual anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su proyecto de expansión, avaluado en más de US$3.000 millones.
¿Qué busca exactamente la empresa con esta solicitud judicial? Según informaron en un comunicado oficial, la minera requiere que el Tribunal esclarezca qué aspectos de la RCA se mantienen vigentes, argumentando que el fallo original no objetó la totalidad de la iniciativa, la cual está diseñada para extender la vida útil del yacimiento.
El origen del conflicto ambiental
La disputa surge tras una decisión del Segundo Tribunal Ambiental tomada la semana pasada, instancia que acogió parcialmente reclamaciones contra la expansión. El tribunal señaló deficiencias en la evaluación del componente humano y en el tratamiento de comunidades indígenas, detallando que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) omitió la evaluación de una familia en particular.
La firma sostiene que la sentencia se circunscribió específicamente a observaciones sobre el sector Puerto Collahuasi y a ciertos componentes del medio humano y marino vinculados a la planta desaladora. En palabras de la compañía: “La resolución determinó que los demás aspectos evaluados se mantienen vigentes”.
Impacto de la paralización y próximos pasos
Como medida inmediata tras conocerse el fallo, Collahuasi dio cumplimiento a la orden judicial deteniendo la construcción y operación de la planta desaladora, la cual se encontraba en su fase de pruebas de sistemas. Actualmente, solo se mantienen las labores críticas de mantención y seguridad en dichas instalaciones.
La paralización de los aspectos vigentes de la RCA tendría efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos, al comprometer la continuidad de medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental actualmente en ejecución, además de compromisos con diversas comunidades y organizaciones regionales.
La minera defiende que su tramitación siempre se ajustó a la normativa y recuerda que, en agosto de 2023, el Comité de Ministros ya había rechazado reclamaciones previas sobre el mismo proyecto. El futuro de esta inversión clave para el sector minero depende ahora de cómo el Tribunal responda a esta solicitud de aclaración, un paso técnico que definirá si las obras no cuestionadas por el fallo pueden retomar su curso normal o si la incertidumbre legal se extenderá por más tiempo.
