Cerca de 56 familias en El Olivar, Viña del Mar, viven una incertidumbre total tras los anuncios sobre la demolición de sus viviendas. Aunque el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, aseguró que las faenas comenzarían esta semana, la realidad administrativa muestra un escenario distinto.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío confirmaron que aún no existe una fecha definida para el inicio de las obras. Incluso, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar no ha recibido la solicitud formal por parte del Serviu para proceder con los trabajos en el sector afectado por los incendios.
¿Por qué se cuestiona el anuncio del ministro Poduje?
La abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, Erika Maira, cuestionó duramente el actuar del titular de la cartera. Según la profesional, el ministro no se está apegando a la normativa vigente, lo que genera una alarma innecesaria en la comunidad sin contar con el respaldo de los argumentos técnicos necesarios para una medida de tal magnitud.
Otro punto clave es la falta de transparencia en los procesos de contratación. Ni el Minvu ni el Serviu han ingresado al sistema una licitación pública que permita contratar a la empresa especializada, requisito obligatorio para realizar una demolición estatal de esta envergadura.
Acciones legales y debate en el Congreso
La tensión se ha trasladado también a tribunales y al plano legislativo. En la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Unidad Jurídica del Minvu solicitó desechar los recursos de protección presentados contra el ministro, argumentando expresamente que, al menos hasta el 16 de mayo, la demolición “no ha sido decretada”.
Por otro lado, el diputado Andrés Celis abordó el avance de la reconstrucción durante el debate de la llamada Ley Miscelánea en el Congreso Nacional. El parlamentario discutió los posibles beneficios de esta normativa para los damnificados, en un contexto donde los vecinos aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial de las autoridades locales o ministeriales sobre el futuro inmediato de sus propiedades.
¿Qué ocurrirá con las familias ante esta descoordinación administrativa? Por ahora, la falta de permisos concretos mantiene los trabajos en pausa, dejando a los residentes a la espera de una resolución clara por parte de las autoridades ministeriales y municipales.
