Una jornada de alta tensión se vivió el pasado lunes en el centro de La Paz, capital política de Bolivia, tras una serie de protestas protagonizadas por grupos indígenas y campesinos. Las manifestaciones derivaron en graves disturbios, saqueos a oficinas públicas y ataques a recintos privados, en medio de un clima de descontento social por las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Rodrigo Paz, quien cumple seis meses de gestión.
Los manifestantes rodearon las calles aledañas a la plaza Murillo, epicentro del poder donde se ubican el Gobierno y el Parlamento. Para intentar superar el cerco de los agentes antimotines, los movilizados lanzaron piedras, petardos y dinamita. Ante la respuesta con gases lacrimógenos, un grupo de personas forzó las puertas de un edificio privado para utilizarlas como protección, mientras recolectaban papeles y maderas de la infraestructura para encender fogatas y mitigar los efectos del gas.
Caos en instituciones y transporte público
La violencia alcanzó niveles críticos en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde funcionarios registraron cómo los manifestantes irrumpieron en el edificio, destruyendo mobiliario y efectuando robos. Paralelamente, el sistema de transporte fue blanco de ataques, específicamente las estaciones del teleférico que conectan La Paz y El Alto.
La parada más afectada fue la del centro histórico, donde además de sufrir daños estructurales, un efectivo policial que custodiaba el sector fue brutalmente golpeado. Como consecuencia, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió sus servicios en la línea afectada y en otras tres estaciones estratégicas. Asimismo, se reportó la quema de un vehículo policial cerca de la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y denuncias de comerciantes callejeras por saqueos constantes.
Situación de bloqueo y agresiones a la prensa
El departamento de La Paz se encuentra aislado del resto del territorio boliviano hace 13 días, debido a los bloqueos de carreteras liderados por la Federación de Campesinos Tupac Katari y el respaldo de la COB. Esta situación se replica en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.
La cobertura periodística también ha sido víctima de la crisis. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 12 y 18 de mayo se contabilizaron 15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro ataques directos a equipos de prensa. Mientras tanto, el Ejecutivo ha señalado a Morales como el principal instigador de estas movilizaciones, acusándolo de buscar una vuelta al poder. Ante la falta de diálogo, el país se mantiene en un estado de incertidumbre política y social sin señales claras de una pronta resolución.
