Tensión diplomática y una fuerte arremetida de la Comunidad Palestina de Chile marca el inicio de esta jornada. La organización denunció el silencio del Gobierno del presidente José Antonio Kast ante la captura de cuatro ciudadanos chilenos —Carolina Eltit, Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi e Ignacio Ladrón de Guevara—, quienes fueron interceptados por fuerzas israelíes mientras integraban una flotilla humanitaria con rumbo a Gaza.
El gremio calificó el hecho como un “secuestro” en aguas internacionales y lamentó que, tras cumplirse más de 24 horas desde el incidente, el Estado chileno aún no entregue una respuesta pública clara y categórica. Según detalló la entidad, entre los retenidos se encuentra una integrante activa de la colectividad palestina en el país.
Exigencia de protección consular
La postura de la comunidad es tajante: el Ejecutivo ha incumplido su deber fundamental de proteger a sus connacionales cuando estos se encuentran privados de libertad por una potencia extranjera fuera de su jurisdicción nacional. Además de la falta de una condena oficial, cuestionaron la inacción respecto a lo que catalogan como una vulneración directa al derecho internacional.
En este escenario, el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, fue enfático al señalar que el Estado debe dejar de lado las diferencias ideológicas para priorizar su mandato constitucional:
El Gobierno no puede guardar silencio cuando ciudadanos chilenos son privados de libertad en aguas internacionales. Aquí no se trata de posiciones políticas ni ideológicas; se trata de la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos y actuar con firmeza frente a una situación de extrema gravedad.
Khamis Massú agregó que la asistencia consular y la protección diplomática son derechos irrenunciables, independientes de la causa o la bandera que defiendan los ciudadanos involucrados en el exterior.
Rechazo a la versión israelí
La organización también dedicó palabras para desestimar el comunicado enviado por la Embajada de Israel en Chile, calificándolo como un intento de “desviar la atención” sobre lo esencial del conflicto. Para los dirigentes, el punto central es innegociable: la interceptación ilegal de una embarcación de carácter civil y la posterior privación de libertad de los tripulantes.
Ante la falta de avances, la Comunidad Palestina ya ingresó una solicitud formal para una reunión urgente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es obtener información precisa sobre el estado de los cuatro ciudadanos y presionar por medidas concretas que garanticen su integridad, acceso consular y, eventualmente, su pronta liberación. Por ahora, el Gobierno mantiene silencio mientras la presión política escala en las redes y oficinas diplomáticas.
