La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se retiró abruptamente de una sesión de la comisión del Senado sin realizar declaraciones a la prensa. La secretaria de Estado había sido citada para exponer sobre las políticas de ciberseguridad en Chile, pero optó por el silencio ante los diversos cuestionamientos que afectan su gestión. Ante la insistencia de los periodistas, su equipo de comunicaciones fue tajante al señalar:
“No vamos a hablar, muchas gracias”
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Las controversias que marcan la gestión de Lincolao
El paso de la ministra por el Congreso estuvo marcado por tres frentes críticos. El más reciente apunta a reuniones sostenidas con representantes de Google y Meta, las cuales no fueron ingresadas al registro oficial de la Ley de Lobby. Los encuentros ocurrieron el sábado 4 y el jueves 9 de abril. Al respecto, el Ministerio de Ciencia emitió un comunicado justificando que las citas fueron de carácter técnico y operativo, orientadas al funcionamiento del correo institucional proporcionado por Gmail.
Otro foco de tensión es la reciente salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencia, cuya partida reveló un complejo escenario interno. El exsubsecretario denunció la existencia de un plan de desvinculaciones masivo al interior del ministerio, afirmando que “la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos”. Este hecho ha debilitado la posición de la ministra frente a la opinión pública.
Sociedades no declaradas
Sumado a lo anterior, se cuestionó la falta de declaración de tres sociedades vinculadas a la autoridad: Innova Nehuén SpA, Tech Apprenticeships LLC y la Asociación de Propietarios de Potomac. Durante su comparecencia, la propia Lincolao advirtió que no descarta que existan otros ministros del gabinete con situaciones patrimoniales o declarativas similares, lo que ha generado incertidumbre sobre el alcance de estas irregularidades administrativas en el Ejecutivo.
A la fecha, el Ministerio de Ciencia no ha entregado más detalles sobre los registros de lobby ni sobre los posibles nuevos antecedentes que podrían complicar a otros integrantes del Gobierno. La pregunta abierta que queda en el ambiente legislativo es si la ministra enfrentará nuevos procesos de fiscalización por estas omisiones o si el Ejecutivo cerrará filas para contener la crisis interna.
