Un duro golpe recibió la industria extractiva luego de que el Segundo Tribunal Ambiental dictara una sentencia el pasado 14 de mayo, la cual revoca la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de expansión de Doña Inés de Collahuasi. La decisión judicial, que acogió parcialmente reclamaciones de comunidades indígenas por deficiencias en la evaluación ambiental, mantiene paralizada la iniciativa denominada “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”.
Ante este escenario, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ha alzado la voz exigiendo “certezas y señales claras” para el mercado nacional. ¿Por qué es tan relevante este proyecto? La iniciativa, que busca extender la vida útil del yacimiento en dos décadas, aumentar la producción e implementar una planta desaladora, contempla una inversión superior a los US$3.200 millones. A pesar de haber obtenido su RCA en diciembre de 2021 y contar con el respaldo del Comité de Ministros en agosto de 2023, hoy enfrenta una incertidumbre regulatoria crítica.
Impacto en la inversión y el desarrollo productivo
Jorge Riesco, presidente de Sonami, advirtió que este fallo envía una señal preocupante para el clima de negocios en Chile, especialmente en proyectos de largo plazo. Para el líder gremial, el caso reabre una problemática país que aún no logra ser resuelta: la excesiva permisología y la falta de estabilidad en los procesos de autorización que frenan obras estratégicas para la economía.
Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile.
El impacto económico de Collahuasi es masivo. Siendo una de las minas de cobre más importantes del mundo —ubicada en el top 10 global según estudios para 2025—, el yacimiento opera con un depósito de 10.380 millones de toneladas en la región de Tarapacá. Sus operaciones son controladas por Anglo American y Glencore, con un 44% cada una, mientras que el 12% restante pertenece a Japan Collahuasi Resources B.V.
Según datos de Sonami, la operación genera más de 7 mil empleos directos e indirectos, representando un 46,8% del PIB regional y un 1,32% del PIB nacional. Por su parte, la compañía minera ha defendido la legalidad de su tramitación, asegurando que se ajustó estrictamente a la normativa y a la institucionalidad ambiental vigente. Actualmente, la empresa se encuentra evaluando las acciones legales a seguir, mientras el proyecto permanece bajo un manto de incertidumbre sobre su futuro inmediato.
