La canasta alimentaria en Venezuela sigue escalando y en abril alcanzó los US$730,59 para un grupo familiar de cinco personas. Según el reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), este valor representa un incremento del 5,5% respecto a los US$692,32 registrados en marzo.
¿Cuánto dinero extra necesita una familia venezolana para alimentarse? El informe detalla que el gasto adicional requerido durante el mes pasado fue de US$38,27. A este costo se deben sumar US$13,33 destinados exclusivamente a la compra de agua potable, dado que el suministro por tuberías en el país no cumple con estándares de potabilidad según organizaciones no gubernamentales.
El desequilibrio entre el salario mínimo y la realidad
La Constitución venezolana garantiza a cada trabajador un salario capaz de cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el sueldo mínimo se mantiene congelado desde 2022 en 130 bolívares, monto que actualmente equivale a apenas 25 centavos de dólar. En la práctica, este ingreso cubre solo el 0,03% del costo total de la canasta alimentaria.
Ante esta brecha, el Gobierno ha optado por una política de bonos. Los trabajadores públicos reciben US$40 para alimentación y un bono denominado “contra la guerra económica”, ajustado recientemente a US$200. Aunque suman US$240, estos pagos no tienen incidencia en beneficios laborales y son depositados al tipo de cambio oficial del día.
Inflación y protestas universitarias
El panorama económico se complica con una inflación oficial acumulada del 90% en los primeros cuatro meses del año, tras un incremento de precios del 10,6% solo en abril. Ante este escenario, diversos sectores laborales han rechazado la política de bonificación y exigen ajustes salariales reales.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la principal casa de estudios del país, convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes tras el rechazo gubernamental a sus demandas. Además de mejores sueldos, el gremio reclama la regularización del Bono de Responsabilidad Profesional, un beneficio que, según denuncian,
solo cobró aproximadamente un 25% de los profesores universitarios.
Mientras el costo de vida continúa en ascenso, el conflicto entre sindicatos y el Ejecutivo parece estancado, dejando a miles de familias en una incertidumbre económica creciente sobre cómo enfrentarán los próximos meses ante la pérdida sistemática de su poder adquisitivo.
