En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, las cifras oficiales en Chile encendieron las alarmas. Según los datos recopilados entre 2022 y 2024, las denuncias por este delito aumentaron un 73%, afectando principalmente a mujeres adolescentes de entre 14 y 17 años.
De acuerdo con la información actualizada de la Defensoría de la Niñez, durante el transcurso de 2024 se registraron 858 víctimas en delitos vinculados a la obtención o facilitación de explotación sexual. A esta cifra se suman 411 posibles víctimas detectadas específicamente en redes residenciales. Por otro lado, en el Senado se discuten estimaciones que sugieren que cerca de 6.000 niños y adolescentes estarían involucrados en comercio sexual en el territorio nacional.
La sombra de la cifra negra
El fenómeno presenta una realidad compleja, ya que la evidencia internacional sugiere que los datos oficiales representan solo una fracción de la problemática real. Muchos casos permanecen en la sombra debido a la falta de denuncias, lo que indica que la magnitud de la explotación sexual infantil en el país podría ser significativamente mayor a la registrada.
Desde World Vision, organización humanitaria enfocada en la protección de la niñez, explican que este flagelo no se limita a escenarios de pobreza extrema o crimen organizado visible. Juan Pablo Venegas, gerente de la organización, advierte:
Hoy también se está facilitando desde espacios cotidianos y digitales donde adultos captan, manipulan y vulneran a niños y adolescentes sin que muchas veces el entorno lo detecte a tiempo.
El factor tecnológico y la respuesta estatal
La expansión global de la explotación facilitada por la tecnología es un desafío creciente. La alianza internacional WeProtect reportó un incremento del 87% en los informes sobre material de abuso sexual infantil desde 2019, mientras que el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) analizó cerca de 32 millones de reportes solo durante el año 2022.
A nivel local, el Estado cuenta con el Cuarto Marco para la Acción contra la ESCNNA (2021-2026) y herramientas legales como la Ley 21.522, que endureció las penas en esta materia. Sin embargo, los expertos insisten en que la respuesta institucional sigue siendo lenta ante la rápida evolución de las redes de captación digital.
Ante este panorama, Juan Pablo Venegas concluye que la fragmentación estatal persiste:
Seguimos llegando tarde. Mientras las redes de explotación se adaptan rápidamente a nuevas tecnologías y formas de contacto, el Estado todavía responde de manera fragmentada y reactiva. La prevención y la detección temprana deberían tener el mismo nivel de prioridad que la persecución penal.
¿Es suficiente el marco legal actual para frenar el avance de las redes digitales que captan a menores de edad?
