La diputada integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Naveillán (PNL), cuestionó duramente la propuesta del Gobierno que busca involucrar a funcionarios de salud y educación en la fiscalización migratoria. La parlamentaria calificó la iniciativa, que pretende que los trabajadores denuncien a extranjeros en situación irregular durante trámites, como un “error garrafal” y una medida inviable.
¿Por qué la medida genera controversia en salud y educación?
El Gobierno ingresó recientemente una indicación para perfeccionar el sistema de expulsiones administrativas, facultando a servicios públicos y privados a reportar a quienes no cuenten con sus papeles al día. Sin embargo, Naveillán advirtió en conversación con El Mostrador que convertir a los recintos asistenciales en informantes del Estado vulnera derechos fundamentales.
Yo no sé qué pasó porque se les ocurrió esta idea brillante, pero creo que es un error garrafal. No se le puede negar la atención de salud a nadie y los datos de las personas que reciben atención en cuanto a su identidad y en cuanto a la dolencia por la cual han acudido al centro de salud son absolutamente privados y no se pueden dar a conocer.
La diputada enfatizó que la confidencialidad de la información clínica es un pilar básico que no debería ser transgredido bajo ningún concepto. A su juicio, existen otras vías para que el Estado gestione la irregularidad migratoria sin poner en riesgo el acceso a atenciones básicas.
Dudas sobre la implementación práctica
Otro de los puntos cuestionados por la parlamentaria es la viabilidad operativa de la propuesta explicada por el subsecretario Pavez. Según la normativa, la medida se aplicaría solo a personas con procesos migratorios en curso, lo que plantea un desafío técnico sobre cómo los funcionarios identificarían a estos individuos.
A mí me parece tan raro porque, a no ser que hubiera un listado de gente que te diga: “Oiga, mira, si llega a tal persona, avíseme”. Pero eso es bien distinto, pues. Pero, ¿cómo el CESFAM va a saber que efectivamente tal persona podría estar en situación irregular? Tendría que haberle llegado un listado.
Finalmente, Naveillán ironizó sobre la posibilidad de tener “los 100 más buscados” en cada consultorio y colegio del país. Para la legisladora, la propuesta carece de un fundamento práctico y se mantiene como una idea que, hasta el momento, no cuenta con un mecanismo claro para ejecutarse sin afectar el funcionamiento de servicios públicos esenciales. El debate sobre el alcance de esta medida legislativa continuará en los próximos días durante la tramitación del proyecto en el Congreso.
