A dos meses del fallecimiento del suboficial mayor de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, en Puerto Varas, la indagatoria sigue marcada por un manto de incertidumbre. Todo comenzó el 11 de marzo, cuando cerca de las 06:00 horas, el 133 recibió una llamada solicitando auxilio por desórdenes en la vía férrea, cerca de la calle San Francisco.
Tres funcionarios llegaron al lugar en una radiopatrulla, ingresando a pie por el pasaje Pewen hasta una zona de matorrales. El acompañante de Figueroa relató que ingresaron al sector de Los Pinos y, tras recorrer parte del terreno, se separaron para verificar la línea del tren. Poco después, se escucharon tres disparos, identificados como clave 25, activando el operativo.
Investigación, hermetismo y aristas abiertas
El caso fue declarado reservado desde el inicio, con la Brigada de Homicidios de la PDI liderando las diligencias y Carabineros colaborando activamente. En aquel contexto, el presidente José Antonio Kast instruyó el viaje de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a la zona para supervisar el avance de la causa.
La ministra Steinert aseguró en su momento: “A través de la Fiscalía o el Ministerio Público, con la coordinación del Ministerio de Seguridad, vamos a determinar; o se va a llegar a esclarecer el hecho totalmente. De establecer los autores de los hechos, obviamente vamos a pedir las penas más duras”.
La fiscal regional Carmen Wittwer detalló en las jornadas iniciales que se trabajaba en la recopilación de cámaras, tráfico telefónico y evidencia balística. Tras permanecer internado con muerte cerebral en Puerto Montt, Javier Figueroa falleció y fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor, mientras que la comisaría local fue nombrada en su honor.
La voz de la familia y las revelaciones críticas
El 11 de abril, la madre del funcionario, Marlene Manquemilla, denunció que su hijo enfrentaba conflictos laborales previos al suceso. La confianza en la fiscal Nathalie Yonsson se vio afectada tras filtraciones que ahora el Ministerio Público investiga de oficio. Entre los antecedentes recientes, ha trascendido que la llamada de emergencia habría surgido de un celular sin chip ajeno a la víctima y que el disparo mortal habría provenido de su propia arma.
La complejidad del sitio del suceso obligó a la toma de muestras de ADN a más de 200 carabineros para depurar la evidencia genética hallada. Actualmente, mientras la familia exige mayor rigurosidad y transparencia, la indagatoria continúa su curso bajo reserva. ¿Podrán los nuevos peritajes balísticos y genéticos esclarecer finalmente si se trató de una emboscada o de un evento con aristas internas aún no reveladas?
