Un año de encierro bajo reserva
La abogada Ruth López, reconocida por su labor como exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal y su postura crítica frente al gobierno de Nayib Bukele, ha cumplido este 18 de mayo de 2025 un año de privación de libertad. Su caso, manejado bajo reserva total por el sistema judicial salvadoreño, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del Estado de derecho en el país, sin que la Fiscalía haya presentado hasta la fecha pruebas concretas ni celebrado audiencia alguna.
El director legal de Cristosal, Abraham Ábrego, denunció en conversación con la enviada especial de RFI, Celia Pousset, que López permanece bajo un esquema de incomunicación estricta. Esta situación restringe severamente sus visitas familiares y el acceso a su equipo de defensa legal, en un entorno donde el Poder Ejecutivo ejerce una influencia directa sobre la justicia.
Del accidente de tránsito al enriquecimiento ilícito
La detención de la defensora de derechos humanos ocurrió el 18 de mayo de 2024. Inicialmente, los agentes policiales se presentaron en su domicilio bajo el pretexto de un accidente de tránsito. Posteriormente, la figura delictiva cambió hacia malversación de fondos públicos y, finalmente, la acusación se fijó en enriquecimiento ilícito, un giro argumentativo que los abogados de la ONG buscan desvirtuar mediante la recopilación de pruebas que acrediten su inocencia.
En el momento de su aprehensión, quedó registrado en una grabación el mensaje de López hacia los oficiales: «Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto». Aquel episodio marcó el inicio de un proceso judicial caracterizado por la falta de garantías procesales y la imposibilidad de que la abogada pueda defenderse ante un juez.
Voces divididas y el fin de las operaciones de Cristosal
La realidad en San Salvador muestra posturas encontradas. Mientras ciudadanos como Óscar, de 33 años, sugieren que si hubo una investigación se debe respetar el proceso, figuras como el diputado opositor Francisco Lira denuncian una clara persecución política. Para Lira, el actuar contra López es una represalia directa por documentar diez casos de corrupción vinculados a la administración de Bukele.
La situación ha escalado a tal nivel que la ONG Cristosal, tras la detención de su exdirectora, se vio obligada a cerrar sus operaciones en territorio salvadoreño. «Para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez; esto no se ha dado», concluyó Ábrego, enfatizando la indefensión en la que se encuentra la profesional tras un año de cautiverio.
