Las aclaraciones sobre la Ley de Expulsiones
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de las versiones que circularon en medios de comunicación respecto a una supuesta obligación de denunciar a personas en situación migratoria irregular. En el programa Estado Nacional, la autoridad fue enfática al señalar que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar” en los servicios de salud ni en los establecimientos educacionales.
Pavez calificó de falsa la interpretación que se masificó en radio, prensa escrita y televisión. Según explicó, la indicación presentada en el proyecto de Ley de Expulsiones no busca crear un sistema de delación, sino facilitar la labor de la autoridad migratoria. El objetivo central es contar con datos de contacto básicos, como un teléfono o un correo electrónico, para notificar a las personas sobre sus procesos administrativos.
El objetivo del Gobierno
El subsecretario recalcó la importancia de estos datos para garantizar el debido proceso. “Necesitamos, como dijo el Presidente de la República, para poder materializar procedimientos donde la gente se puede defender, donde la gente puede hacer alegaciones, saber dónde están”, detalló Pavez durante la entrevista.
De esta forma, la medida se enfocaría exclusivamente en la materialización de trámites específicos, permitiendo que las personas afectadas reciban las notificaciones correspondientes para ejercer sus derechos de defensa ante una eventual expulsión.
La postura frente a Salud
Respecto a los temores planteados por la ministra de Salud, May Chomali, quien advirtió sobre el posible efecto negativo en el sistema sanitario si los extranjeros evitaban buscar atención médica por miedo a ser denunciados, Pavez se mostró receptivo. El subsecretario afirmó que “la ministra de Salud ha levantado una preocupación que es legítima que nosotros compartimos y respecto de la cual adherimos”.
Pavez fue tajante al descartar que la indicación sea contractualmente perjudicial o que afecte el despliegue sanitario. “No creemos que se produzca ese efecto. Hay una convicción de que todas las materias sanitarias, educacionales, no se van a afectar por el mérito de esta indicación”, concluyó la autoridad, insistiendo nuevamente en que la interpretación de una obligación de reporte es incorrecta.
