La Tesorería General de la República (TGR) dio a conocer un balance crítico respecto a las acciones judiciales emprendidas por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según los datos oficiales, de un total de 1.968 recursos de protección presentados contra el organismo, 1.453 fueron declarados inadmisibles por las Cortes de Apelaciones del país, lo que equivale a casi un 74% del total de las causas ingresadas.
¿Cuál es la situación actual de estos litigios? Además de los fallos en las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema ha intervenido ratificando la tendencia. El máximo tribunal ha declarado inadmisibles 239 apelaciones presentadas por los recurrentes, acumulando en total más de 250 recursos rechazados en dicha instancia judicial superior.
Detalle regional y admisibilidad
El desglose de los datos permite observar dónde se concentraron las presentaciones. Las Cortes de Apelaciones con mayor número de resoluciones de inadmisibilidad fueron Santiago con 569 casos, seguida por San Miguel (197), Concepción (146) y Rancagua (58).
En contraste, el informe de la TGR identifica el grupo de recursos que sí lograron ser declarados admisibles, alcanzando solo 236 del total. Las jurisdicciones donde se concentraron estas admisiones fueron principalmente Talca con 102 casos, Valparaíso (99), La Serena (24) y Arica (7).
La postura oficial de la TGR
Desde la institución enfatizaron que estos resultados validan su gestión en la recaudación de los fondos estatales para la educación superior. A través de un comunicado, la entidad fue enfática al señalar que las cifras respaldan el trabajo jurídico realizado:
Estos resultados reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la TGR en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior.
Con este panorama, la TGR continúa adelante con sus procesos de cobranza mientras el sistema judicial sigue depurando las acciones interpuestas. La gran cantidad de causas inadmisibles sugiere que la vía judicial elegida por los deudores ha tenido un impacto limitado en frenar las acciones del organismo, lo que mantiene la interrogante sobre qué nuevas estrategias seguirán los deudores para intentar modificar su situación crediticia.
